Indudablemente, hay un antes y un después tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. No solo por la pérdida humana ni por el golpe político, sino porque, como suele ocurrir en México, las grandes decisiones parecen necesitar una tragedia para despertar una reacción contundente.
El anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con una inversión superior a 57 mil millones de pesos y 12 programas de acción, llega con el dolor fresco de un crimen que no debió ocurrir.
El gobierno federal promete que esta vez será distinto, que todos esos miles de millones de pesos y esfuerzo rendirán fruto: que la seguridad nacerá de la justicia, no de la fuerza. Que la paz será hija de la educación, la salud, la vivienda y el empleo digno.
Es una visión esperanzadora, sí, pero también una pregunta abierta: ¿por qué no antes? Michoacán ha gritado durante años que el miedo se volvió rutina, que las comunidades se vacían, que los jóvenes se pierden entre balas y promesas. Y, sin embargo, no fue sino hasta la muerte de un alcalde que se encendieron las alarmas al más alto nivel.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que dará seguimiento personal al plan cada quince días y que informará mensualmente a la nación desde “la mañanera del pueblo”. Es un gesto de compromiso, pero también un recordatorio: la paz se construye. Y se construye con coherencia.
Michoacán será, quizá, el laboratorio más visible de una nueva política de seguridad basada en justicia social. Se debe demostrar que el desarrollo y la cooperación pueden ser más fuertes que la violencia.
La pregunta final es inevitable: ¿Y el resto de los estados, cuándo?
Si este esfuerzo logra una paz que todos deseamos, entonces la muerte del alcalde Manzo no habrá sido en vano.
México no necesita más minutos de silencio. Necesita años de justicia.
¿Usted qué opina?