En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, mientras Estados Unidos centraba todas sus fuerzas en la lucha contra los países del Eje Berlín-Roma-Tokio, en el marco del Programa Bracero que se extendió desde ese año hasta 1964, 4,580 000 trabajadores mexicanos obtuvieron una visa y un contrato laboral para hacerse cargo de los campos agrícolas que los estadounidenses dejaron abandonados al partir a los frentes de guerra en Europa y Asia. Al término del programa, muy pocos trabajadores migrantes tramitaron residencia permanente. Esa migración masiva temporal que regresó a México, es la prueba de que es posible y productivo un acuerdo bilateral que resuelva de fondo los conflictos que se generan con el fenómeno migratorio.
Las demandas laborales del mercado capitalista estadounidense no se subordinan a las políticas migratorias policiacas. En cuanto la economía de Estados Unidos inicie un nuevo ciclo de crecimiento, va a demandar anualmente de acuerdo a opinión de empresarios como Dennis Nixon, CEO de IBC Bank, unos 500 000 trabajadores especializados y de bajo sueldo, que el país no tiene. Además, es previsible que ante la creciente deportación de migrantes indocumentados iniciada en enero de 2025, ese número se incremente.
De acuerdo a Naciones Unidas, en 2024 había 304 millones de personas viviendo en un país distinto al de su nacimiento. Seguir tratando a la migración como un problema, cuando en realidad es un fenómeno social que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, no va a resolver el fondo del asunto. Los problemas se resuelven y se eliminan; en cambio, el fenómeno migratorio se debe administrar y regular de acuerdo a las necesidades de cada momento y cada región.
La política antiinmigrante que hoy se despliega en todos los rincones del país, no está acompañada de una propuesta para regular y administrar la llegada de los trabajadores que la economía de Estados Unidos requerirá una vez que empiece su proceso de crecimiento. Es iluso pensar que los trabajos pesados y de baja remuneración en agricultura, construcción y servicios van a ser tomados por estadounidenses.
Además, en la medida en que crezca la deportación de trabajadores indocumentados sin una ventana legal para que otros lleguen bajo nuevas condiciones migratorias, los efectos negativos no sólo se van a presentar en el campo, construcción y los servicios, sino también en los ingresos que financian los pagos de jubilaciones de trabajadores estadounidenses.
Un botón de muestra lo encontramos en un análisis de 2024, en el cual el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) asegura que, en 2022, la población indocumentada que vive en Estados Unidos, pagó casi 97 000 millones de dólares en impuestos. De esos impuestos pagados por migrantes, más de 54 000 millones de dólares fueron a las arcas del gobierno federal y más de 37 000 millones de dólares a las de los estados y condados.
En otras palabras, es un mito la afirmación de que todos los migrantes son criminales y carga pública. Al contrario, contribuyen al fortalecimiento de la economía de los lugares donde se desenvuelven y al pago de servicios sociales que ellos no demandan por su condición migratoria irregular. Los reportes de policía de Laredo muestran que casi el 100% de los delitos en la ciudad son cometidos por ciudadanos, no por migrantes indocumentados.
La inmensa mayoría de las deportaciones que estamos viendo, son por entradas y re-entradas indocumentadas, no por delitos del orden común.
Otro ejemplo de que estos trabajadores son productivos, lo encontramos en un reportaje de Univisión el cual reveló que ellos representan el 22% de la fuerza laboral de Texas y contribuyen con 58.1 mil millones de dólares en impuestos anualmente. Asimismo, tienen un poder de gasto de 176.3 mil millones de dólares. A su vez los trabajadores indocumentados que son 2.1 millones y representan el 9% de la fuerza laboral, pagan 13.8 mil millones en impuestos y tienen un poder adquisitivo de 48.8 mil millones de dólares. Además, en Texas unos 225 mil indocumentados emprendedores son empresarios que generan empleos y que contribuyen al crecimiento económico.
No hay que ser genio para entender que, en una simple operación aritmética, el restar pagos de trabajadores indocumentados a los ingresos federales, estatales y municipales, va a terminar impactando la economía de este país y los fondos de beneficios de los ciudadanos jubilados.
Finalmente, es necesario entender que si bien muchos operativos migratorios tienen como prioridades a personas que ya tienen una orden de salida, esos operativos han estado propiciando daños colaterales. Esto es, se están produciendo detenciones y expulsiones de personas que no tienen deportaciones previas, ni antecedentes criminales, lo que está golpeando a familias binacionales.
Puede ignorarse el dato, pero de acuerdo al American Immigration Council, en este país hay 5.1 millones de ciudadanos que son menores de edad, quienes viven con un miembro de la familia que es indocumentado. Se está golpeando a familias binacionales con la intención de que abandonen el país.
La guerra comercial en marcha va a acentuar el regionalismo y la competencia por los mercados. En ese escenario, China se está adelantando y sus tentáculos se encuentran ya en todos los países latinoamericanos. Por eso, es recomendable que la puerta de oportunidad que está abriendo la revisión sexenal del T-MEC, sea aprovechada para consolidar la integración de América del Norte.
Y en ese proceso de integración económica regional, más temprano que tarde va a ser necesario negociar un acuerdo que regule la migración laboral temporal, con reglas claras que garanticen que sea ordenada, legal y con respeto a los derechos y la dignidad de los trabajadores temporales.
*Juan Carlos Mendoza Sánchez
Cónsul General de México en Laredo, Texas
EU requiere trabajadores foráneos
Escrito en OPINIÓN el