La educación no es un lujo ni un privilegio; es un derecho humano que debería estar garantizado en cada escuela, en cada grupo y en cada día del calendario escolar. Sin embargo, en muchos planteles de nuestro estado los estudiantes pasan semanas, incluso meses, sin recibir clases de ciertas materias. Esta situación, además de generar rezago académico, causa frustración, desmotivación y desigualdad.
Lo más grave es que no hablamos de falta de maestros. Por el contrario, hay docentes con toda la disposición de trabajar, listos para cubrir grupos, con vocación y compromiso. El problema real son los candados burocráticos y las tardías respuestas de la Secretaría de Educación y de procesos como el USICAMM, que retrasan su ingreso. En teoría, estos filtros existen para dar transparencia y orden, pero en la práctica se convierten en barreras que afectan directamente a quienes más necesitan de la escuela: los alumnos.
Pensemos en lo que significa un mes sin maestro de matemáticas, de español o de ciencias: contenidos que no se abordan, aprendizajes que no se consolidan y jóvenes que avanzan con vacíos académicos difíciles de recuperar. Cada trámite pendiente se traduce en una clase perdida, y cada semana sin docente es un derecho arrebatado.
A esta problemática se suma otro factor que agrava la situación: los traslados forzados. Hay maestros que aceptan plazas en ciudades o poblados lejanos, lejos de sus familias, con la esperanza de lograr una oportunidad laboral. Sin embargo, al paso del tiempo, al llegar la basificación, buscan regresar a sus lugares de origen. Lo que inicialmente resolvió un grupo, pronto se convierte en un nuevo vacío. Y así comienza un ciclo que nunca termina, un cuento de nunca acabar que solo genera inestabilidad en las escuelas.
¿Quién paga las consecuencias? Los alumnos. Porque el derecho a la educación no puede ser intermitente ni condicional. Los jóvenes necesitan continuidad, estabilidad y certeza.
Por ello, resulta urgente que tanto la Secretaría de Educación de Tamaulipas como el Sindicato trabajen en conjunto para replantear este modelo. La meta debe ser clara: que el 100% de los grupos estén cubiertos, con maestros estables y, en lo posible, asignados dentro de sus propias ciudades o comunidades. Esto daría seguridad laboral a los docentes, cercanía con sus familias y, sobre todo, estabilidad en los procesos de enseñanza.
Como directores conocemos de cerca la contradicción: se nos exige garantizar que ningún grupo se quede sin maestro, pero al mismo tiempo se nos prohíbe asignar a los docentes disponibles por falta de validación. ¿Cómo cumplir con nuestra responsabilidad si los mismos lineamientos nos atan de manos? Esta es una incongruencia que debe cambiar, porque castiga a quienes menos culpa tienen: los estudiantes.
La educación no puede seguir siendo rehén de trámites administrativos. La educación es un derecho humano, y los derechos no se posponen, no se condicionan, no se aplazan: se cumplen.
Queridos lectores, hoy los invito a reflexionar:
• Pensemos en esos niños que miran la puerta del salón esperando a un maestro que nunca llega.
• Pensemos en esos jóvenes que, sin guía, sienten que su esfuerzo no basta.
• Pensemos en esos maestros que, con toda la disposición de enseñar, se ven frenados por procesos burocráticos.
La armonía en las escuelas se construye cuando ponemos en el centro a quienes son el corazón del sistema: los alumnos y los maestros. Si no hay maestros, no hay enseñanza; si no hay enseñanza, no hay aprendizaje; y si no hay aprendizaje, entonces estamos fallando en lo esencial: el derecho a la educación.
Porque al final, la pregunta sigue siendo clara y contundente:
¿de qué sirve proclamar que la educación es un derecho si en la realidad dejamos vacías las aulas?
Queridos lectores, los invito a reflexionar sobre este tema. ¡Me encantaría leer sus experiencias, consejos y reflexiones!
Con cariño a mis lectores,
La Maestra Diana Alejandro.