Demasiadas coincidencias para ser meras casualidades: no transcurre semana sin que el Poder Judicial libere a uno o varios delincuentes del crimen organizado o de cuello blanco –que en no pocas ocasiones son lo mismo–, y si bien la Fiscalía General de la República amén de lenta no ha sido muy ducha que se diga, lo cierto es que los goodfellas que “imparten justicia” siempre están más que aceitados para encontrar la forma de abrirles las rejas.
Tocó el turno de Emilio Lozoya Austin, exdirector peñanietista de Petróleos Mexicanos y uno de los protagonistas del afamado culebrón que comenzó a transmitirse en mayo de 2019, cuando se giró una orden aprehensión en su contra (claro, una vez que ya había huido del país) acusado por no poca cosa: asociación delictuosa, corrupción, tráfico de influencias, crimen organizado, lavado de dinero, fraude en el caso de Agronitrogenados y recibir coimas de la trasnacional brasileña Odebrecht.
El junior (hijo de Emilio Lozoya Thalmann, muy cercano a Carlos Salinas de Gortari) huyó del país, lo capturaron y encarcelaron en España; lo extraditaron a México, donde de inmediato lo hospitalizaron, sólo para aceptar ser testigo protegido y, por tanto, no pisar la cárcel nacional a cambio de encender el ventilador (en extremo defectuoso, por cierto) y “denunciar” a sus cómplices; le pusieron un brazalete electrónico sin mayores restricciones y permaneció libre hasta la fatídica noche en que lo descubrieron cenando a todo lujo en un restaurante de Las Lomas de Chapultepec; sólo así a la FGR no le quedó de otra que solicitar su encarcelamiento y el Reclusorio Norte lo recibió con las rejas abiertas a principios de noviembre de 2021.
Se suponía que con esto último llegaba a su fin el culebrón, porque Emilio Lozoya se suma a la creciente lista de delincuentes de cuello blanco liberados, exonerados o cuando menos favorecidos mediante el descongelamiento de sus cuentas bancarias (la esposa de Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino) por los good-fellas del Poder Judicial (han transitado ese camino Juan Collado, Rosario Robles, Jorge Luis Lavalle y Alonso Ancira, entre tantos).
Pero no: el culebrón sigue y el martes se estrenó otro capítulo, por cortesía del juez de control Gerardo Genaro Alarcón López y los magistrados de los tribunales de Apelación Alberto Torres Villanueva y Juan Pedro Contreras Navarro: “Emilio Lozoya Austin enfrentará en libertad sus dos procesos penales por cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita” (La Jornada, Gustavo Castillo y César Arellano).
Ante la maniobra de los goodfellas (con el permiso de Martin Scorsese), la FGR denunció que Lozoya “sólo ha obtenido de jueces y magistrados de la Federación privilegios procesales totalmente injustos y desproporcionados”, amén de que “las resoluciones han sido dictadas en forma parcial e ilegal… A la FGR se le han excluido pruebas que lícitamente fueron obtenidas por la Fiscalía en Brasil y en Suiza, mediante tratados internacionales válidos que México ha suscrito, violando así lo establecido en dichos convenios que tienen respaldo constitucional. El juez Gerardo Genaro Alarcón López lo benefició injustamente, excluyéndolo de su responsabilidad del pago por la reparación del daño en el caso de Agronitrogenados, alegando que dicho pago ya lo había hecho Alonso “N” (Ancira), lo cual nada tiene que ver con la responsabilidad directa de Emilio “N”, que está señalada en el artículo 30 del Código Penal Federal” (ídem).
Como era previsible, la FGR denunció que “todos estos privilegios, injustos, inequitativos y parciales, así como las descalificaciones constantes, son inaceptables, por lo que de inmediato se presentará el recurso de revisión correspondiente”, y reclamó al juez por asegurar que al dejar a Emilio Lozoya en libertad “no existe riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia”, cuando en los hechos el acusado “fue aprehendido en España, después de haberse dado a la fuga”.
Sólo falta que en el Poder Judicial declaren a Emilio Lozoya prócer de la “justicia”, mientras sus cómplices se mantienen tan campantes.
LAS REBANADAS DEL PASTEL
Calificar de canalla al gobierno estadounidense sería piropo, porque en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas vetó una resolución que pedía el cese de fuego inmediato en Gaza. De las 15 naciones representadas en esa instancia, 13 votaron a favor, una se abstuvo (Reino Unido) y otra en contra (Estados Unidos), con lo que impunemente continuará el genocidio palestino ante la pasividad de la comunidad internacional.
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