Por años existió en la frontera un severo problema de proliferación de autos “chocolate” que constituían un gran problema, especialmente para encontrar a los responsables de un accidente, pues con frecuencia abandonaban la unidad y al no existir registro, alguien más debía pagar los platos rotos.
Durante un tiempo muchos autos traían placas sobrepuestas de Texas y otros estados norteamericanos, sin embargo luego de algunas redadas del SAT y la Policía Federal en tiempos de Peña Nieto, en las que decomisaron cientos de autos bajo el argumento de que constituían un delito federal, la solución de la mayoría fue retirarlas, pues legalmente no era tan grave; irónicamente, lo que hizo más anónimos a los miles de autos que eran muchos más que los legales.
Cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador propuso el programa, como muchos otros que se hicieron realidad, la oposición dijo que era imposible y que se afectarían considerablemente las ventas de las agencias de autos, sin embargo tanto para AMLO como para los residentes de la frontera, estaba claro que quien compra auto nuevo y quien solo quería regularizar uno que adquirió de forma más económica, a menudo eran segmentos distintos.
Al final el programa fue una realidad y desde que arrancó ha convertido a más de 54 mil vehículos y ha dejado una enorme derrama en la ciudad para convertir el dinero de los trámites en calles pavimentadas.