Una de las primeras secretarías que hay que desaparecer es la de Contraloría. Junto con ella, por lo pronto, deben eliminar, turismo, pesca, ecología, programación y presupuesto, y todas las que se han inventado por razones o políticas o nepóticas. El absurdo de Contraloría empieza por su lujosísimo edificio en una época no sólo de austeridad, sino de dolorosos despidos provocados por una crisis real.
En esa secretaría está don Ignacio Pichardo Pagaza. Por no sé qué extraño giro político, don Ignacio, que no es precisamente un hombre claro y preciso en sus actuaciones, pasó a ser de los inquisidores nacionales. No sé si allí se dedique a jugar dominó con el secretario don Francisco Rojas o realmente tenga algo que hacer. El senador Jorge Díaz Serrano se pregunta si la secretaría fue creada exclusivamente con el fregativo fin de hacerle daño. Tal vez tenga razón. Es de esos inventos de los presidentes para ubicar amigos o para entretener a compadres.
Pero algo hace. Algo, naturalmente que se podría hacer y se debería hacer en Hacienda. Reciben las declaraciones que por ley tienen que hacer todos los funcionarios públicos de sus bienes.
Según don Nacho, fue tal el entusiasmo de los burócratas por ir a declarar sus bienes, que se presentaron muchas más declaraciones que las que la ley solicita. Tan ejemplar conducta de los presupuestívoros es encomiable, aplaudible pero no creíble.
Pero lo importante es que los ciudadanos preguntamos -dado que todo se hace con nuestro dinero o con nuestra deuda- a qué horas, dónde, cuándo y cómo podemos los ciudadanos asomarnos a las declaraciones que nos interesen.
Porque si las declaraciones de los bienes son un secreto que ellos pueden alterar ¿para qué demonios gastan tiempo, esfuerzo y dinero? Además, ¿cómo puede funcionar una Contraloría si es una secretaría que recibe órdenes de la Presidencia? Es decir, es una oficina del ejecutivo que obedece órdenes y nada más. Entonces, ¿qué posibilidad podría haber de que la Contraloría tenga alguna utilidad real? Ellos no se van a juzgar a sí mismos, por lo pronto.
¿Y, cómo van a juzgar a los otros secretarios de Estado? Si tal hicieran se vería muy mal porque parecería que son zancadillas presidencialistas.
Cada secretaría debería tener su pequeña oficina de contraloría. Si hay algún sinvergüenza, que lo detecten. Jamás irá a la cárcel un malversador de fondos o un transa si es amigo o pariente del secretario. Nunca va a ser el propio secretario porque corre al empleado que ponga en duda su prístina honradez. Pero, tal vez, serviría de algo. Así, como secretaría no sirve para nada. Si el Presidente quiere encarcelar a alguien, que lo mande aprehender sin tan costosísimo aparato.
Si se trata de investigar, que investigue la procuraduría. Si se trata de venganzas personales o de eliminar a enemigos políticos, que les quiten la chamba, que los hagan embajadores en Uganda o lo que quieran pero, por favor, ¿qué hace todo ese inútil aparato sino ofender a la ciudadanía? ¿Qué presupuesto tendrá esa secretaría? ¿Qué ha producido?
Por lo menos, si es cierto que ya tiene declaraciones, que los expedientes sean públicos. No porque se crean el Santo Oficio tienen el derecho a archivos secretos. ¿O acaso piensan que las declaraciones de bienes son secretos de confesión?
Agosto 2, 1985