El Black Friday fue otra prueba que muchos llamarían “de fuego” para el retorno de las actividades comerciales, ante esto hay que decir que la respuesta fue favorable, pero aún falta más camino por recorrer para poder regresar a ese ritmo prepandémico.
Las tiendas de Laredo volvieron a ver filas, principalmente para la compra de electrónicos, que es cuando muchos optan por surtirse de televisiones y otros aparatos a buen precio.
Lo curioso es que durante el fin de semana no se vieron las colas extraordinarias en los puentes, pero sí se miró una nutrida asistencia de compradores regiomontanos y obviamente locales que surtieron de una vez los regalos navideños.
Según reveló el contralor Enrique Álvarez del Castillo, el Ayuntamiento está a semanas de poder presentar los recursos legales para denunciar formalmente las primeras fechorías detectadas y comprobables de la anterior administración.
Refirió que son más de 40 expedientes y que entre las primeras consecuencias está la ‘no procedencia’ de pago de más de 20 millones, fundamentado en diversas inconsistencias.
La obra pública siempre es y debe de ser materia de escrutinio, pues ahí se encuentra usualmente la inversión más onerosa, por lo pronto serán inhabilitadas tres constructoras y fueron cancelados seis contratos que sumaban 39 millones de pesos, que en el caso de este último monto, no se trata de un recurso que dejarán de gastar, sino que se tendrá que ejercer más adelante, claro que de forma responsable, pues se trata de algunos colectores que forzosamente deben reemplazarse.
Respecto a estas cantidades cabe aclarar que van dentro de un monto de 98 millones de pesos en obra transferida de la anterior administración, que no debería ser mayor problema si no fuera porque no dejaron el recurso para solventarlo; básicamente el gobierno de Rivas dijo: “el de atrás paga”.
La obra transferida como tal es completamente normal, claro que esta sucede bajo el entendido de que los recursos para concluirse deben estar ya separados y pasarlos también a la nueva administración para que simplemente pueda liquidarlos sin que le represente un compromiso que en ningún momento adquirió.
Esto es sólo una de tantas anomalías que formarán parte de una serie de recursos legales para denunciar, entre otras cosas, las inconsistencias en la entrega-recepción, que ya por sí solas constituyen un delito penado, además de un sinfín de faltantes que con el tiempo se irán ampliando.