Tres días han pasado desde que Miguel Ríos García, comerciante local, denunció vía redes sociales que elementos del Ejército Mexicano le robaron a su hijo y a dos empleados 50 mil pesos en efectivo, mil dólares y varios teléfonos celulares, durante una revisión de rutina realizada la noche del viernes 25 de julio, y solo le devolvió parte del dinero, mientras que el resto quedó condicionado a una negociación informal con el mando militar.
“Me regresaron mil dólares y dos mil pesos, la otra parte dijeron que el sábado, pero luego que hasta el lunes. El coronel (David González Carrasco, comandante del 16 Regimiento de Caballería Motorizada) se comprometió a regresar todo, al menos reconocieron que sí nos lo robaron”, dijo Ríos García en entrevista.
Hasta la tarde del martes no le habían entregado los restantes 48 mil pesos. Los videos de Facebook de la persecución están siendo denunciados a través de perfiles falsos por personal militar y ha recibido amenazas.
Hasta el momento, no se le ha informado de ninguna sanción administrativa ni proceso disciplinario contra los militares que participaron en los hechos, pertenecientes al 16º Regimiento de Caballería Motorizada. Tampoco se ha formalizado la reparación de daños a su vehículo, el cual resultó afectado durante una persecución de más de tres horas por distintas calles de la ciudad.
Los hechos se viralizaron en redes sociales cuando Ríos García transmitió en vivo la persecución de un convoy militar que huía tras cometer el robo. La unidad del denunciante —una camioneta con mercancía— fue chocada por los militares, y al menos otros dos vehículos civiles también resultaron dañados, entre ellos un taxi y una camioneta estacionada.
“Los soldados se fueron en sentido contrario, iban muy rápido, chocaron varios carros y no se pararon. Hay videos donde se ve cómo impactaron una troca café”, narró el afectado.
La persecución concluyó cuando ciudadanos interceptaron a los militares en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines. Ahí, bajo presión social, los soldados devolvieron una parte del dinero y, de acuerdo con testigos, admitieron que el dinero ya había sido repartido entre los integrantes del convoy.
El comerciante también denunció haber recibido amenazas por parte de los militares, dirigidas a su hijo y a sus trabajadores. Asegura que fueron advertidos de que podrían ser “levantados” o inculpados con cargos falsos si continuaban denunciando.
“Sí tengo miedo, lo dije frente al coronel: si algo me pasa a mí, a mi familia o a mis trabajadores, ellos son los responsables. Amenazaron a mi hijo, dijeron que lo iban a empapelar”, afirmó.
Hasta el momento, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) no ha emitido ningún comunicado oficial respecto al caso. Organizaciones locales y nacionales de derechos humanos han manifestado preocupación por la falta de transparencia y han solicitado que se garantice la seguridad de la víctima y se castigue a los responsables.
Los hechos ocurren en un contexto de creciente tensión entre la población civil y las fuerzas armadas desplegadas en la región fronteriza, donde se han documentado múltiples denuncias por abusos de autoridad.
El incidente involucra a personal del Ejército Mexicano asignado a operativos de seguridad en Nuevo Laredo, una ciudad con alta presencia militar. El convoy señalado incluye al menos tres unidades: un vehículo blindado y dos camionetas con matrícula 0916339 y 0916549.
De confirmarse la participación directa del personal militar en el robo y las amenazas, se configuraría una grave violación a los derechos humanos y a la disciplina castrense, al tiempo que se exigiría la actuación de la Fiscalía General de la República y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.