El pleno de la Cámara de Diputados ha dado un paso significativo hacia el fortalecimiento de la seguridad pública en México, al aprobar por mayoría calificada el dictamen que adscribirá a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Esta iniciativa, avalada con 353 votos a favor y 126 en contra, propone colocar bajo un mando militar a esta institución, cuyo objetivo es garantizar la seguridad y bienestar de los ciudadanos.
Carlos Canturosas Villarreal, diputado federal por el Distrito Uno en Nuevo Laredo, ha sido uno de los impulsores clave de esta reforma.
Impulsa Carlos Canturosas iniciativas a favor de la seguridad
Según explicó, la decisión de integrar a la Guardia Nacional bajo la SEDENA se sustenta en la percepción ciudadana sobre su eficacia. El 74% de la población considera que la Guardia Nacional ha sido "efectiva" o "muy efectiva" en sus labores de prevención y combate a la delincuencia, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el segundo trimestre de 2024.
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El diputado Canturosas destacó que, aunque la Guardia Nacional estará bajo un mando militar, no operará como el Ejército. "La formación y preparación de este cuerpo será de carácter militar, pero su actuación seguirá los lineamientos de una institución policial", aclaró, subrayando que este cambio fortalecerá la coordinación entre la Guardia Nacional y otras fuerzas como el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en sus labores de apoyo a la seguridad pública.
El dictamen, además, define a la Guardia Nacional como una fuerza policial permanente, con formación castrense pero complementada con los valores y profesionalización civiles. Esta combinación permitirá a la Guardia Nacional actuar en estricto apego a la legalidad y el respeto a los derechos humanos, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Políticas para garantizar la seguridad pública
Asimismo, la Guardia Nacional podrá colaborar en la investigación de delitos bajo la dirección del Ministerio Público. Adicionalmente, se establece que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será la responsable de formular las estrategias y políticas necesarias para garantizar la seguridad pública.
Otro aspecto relevante de la reforma es el reconocimiento de los derechos laborales de los miembros de la Guardia Nacional, quienes contarán con prestaciones equivalentes a las de las Fuerzas Armadas, incluyendo acceso a vivienda bajo términos similares a los de militares y marinos, proporcionadas a través del sistema de seguridad social de las Fuerzas Armadas.
La reforma constitucional sobre la Guardia Nacional ha sido remitida al Senado, donde continuará su trámite legislativo, en lo que representa un avance crucial para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos en el país.