Familiares de personas desaparecidas y ejecutadas presuntamente por elementos de la Unidad de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Marina (Semar) protestaron este lunes afuera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por diversas deficiencias y omisiones cometidas por las autoridades en al menos 34 carpetas de investigación, que han permitido la liberación de 23 marinos.
De acuerdo con las familias, dichas deficiencias y omisiones se han cometido, en gran medida, en carpetas de investigación a cargo de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF), de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes tampoco han podido demostrar la responsabilidad de los marinos en al menos seis carpetas.
“De 30 marinos que estuvieron detenidos y/o vinculados en dichas carpetas judiciales, 23 han obtenido su libertad beneficiados, mediante amparos de jueces de distrito o por criterios de jueces de control que les han permitido continuar con su proceso en libertad”, señaló el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, mediante un comunicado.
Por esta razón, informaron que mañana también sostendrán manifestaciones en las oficinas del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para exigir al Poder Judicial de la Federación justicia en sus casos.
En punto de las 10:30 horas, los familiares de las víctimas se concentraron afuera del edificio de la CNDH, en Periférico Sur 3469, para solicitar por escrito que la Comisión convocara a una reunión urgente con funcionarios de alto nivel del Gobierno Federal para revisar el caso.
Lidia Nereida García, madre de Brandon Eduardo Nevares García, desaparecido por elementos de la Marina desde 2018, fue una de las mujeres que también protestaron afuera de la CNDH para pedir a las autoridades dar seguimiento a la Recomendación 36VG/2020.
Denuncian que Comisión de Víctimas incumple reparación del daño
En esa recomendación se ordenó la reparación integral del daño en favor de 27 familias por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), misma que a la fecha no ha sido incumplida.
“Son 6 años los que hemos estado luchando porque nos hagan caso, por que se haga una investigación y la verdad no (ha sucedido), por eso yo digo que ya es justo que nos hicieran caso, que se aclarara todo esto más que nada y que cumplieran con todo lo que han promedio desde el principio”, dijo Lidia en entrevista con Animal Político.
Otro de los familiares que acudió a la protesta fue Enrique Pérez Rocha, padre de Gustavo Pérez Benítez uno de los cinco jóvenes que fueron asesinados por elementos del Ejército mexicano el pasado 26 de febrero de 2023 en la Colonia Pancho Villa, en Nuevo Laredo, que aunque no forman parte de la recomendación 36VG/2020, señaló que a pesar de haber 21 marinos señalados como responsables del asesinato de su hijo, solo hay cuatro procesados. Otro de sus hijos, Alejandro Pérez Benítez, fue también uno de los dos únicos sobrevivientes del ataque.
“Por eso, lo único que pedimos nosotros es que se integre bien la carpeta, pues las investigaciones que tenemos y las pruebas que tenemos confirman que ellos fueron, entonces que no traten de decir que no o de poner cosas que no vienen al caso cuando están bien aceptado y justificado que ellos fueron”, dijo.
CNDH acepta convocar a reunión urgente
Al salir de la CNDH, Raymundo Ramos, titular del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo informó que, a solicitud de los familiares de personas desaparecidas y ejecutadas extraoficialmente por marinos, la CNDH aceptó convocar a dicha reunión urgente con funcionarios de alto nivel para finales de marzo.
“También solicitamos la reanudación de las búsquedas de campo en la región que comprende Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, (pues después) del hallazgo de dos cuerpos en una fosa común que estuvieron 6 años en un panteón municipal de Nuevo Laredo se comprueba que también hay una omisión grave de investigación de la FGR”, dijo Ramos.
Respecto a la reparación integral del daño a las familias, señaló que en el mes de julio se cumple 4 años de la recomendación, tiempo en el que la CEAV no ha podido integrar, y por ende tampoco concluir, un solo expediente para proceder al pago de la reparación del daño por desaparición forzada o por ejecución extrajudicial, tal como lo recomendó la CNDH.
“También abordamos el tema del censo que hizo el Gobierno de México donde en 20 casos no los reconoce como desaparición forzada, sino como desaparición cometida por particulares y en donde en estos 27 casos no fueron censadas las familias”, dijo.
Denuncias errores en censo de AMLO de personas desaparecidas
Además, aseguró que el censo está mal elaborado, porque se menciona que las autoridades no tienen contacto con los familiares, cuando al menos la FGR, la CNB, la CEAV y la CNDH tienen información actualizada de ellos.
“Esto es una prueba de que a toda costa quieren rasurar la realidad […] nosotros estamos demostrando con su misma información que están actuando de manera dolosa y tienen que rectificar y tienen que reconocer que las Fuerzas Armadas también desaparecen personas, que las corporaciones policiacas también desaparece personas y es la parte que ofende a las víctimas”, dijo.
Magdaleno Rico García, hermano de Martín Rico García, desaparecido por elementos de la Marina en 2011, también fue parte del grupo de personas que protestaron afuera de la CNDH que, aunque no forma parte tampoco de la recomendación 36VG/2020, acudió porque los datos de su familiar fueron suprimidos del nuevo censo de AMLO, por lo que pide al Gobierno Federal que corrijan el error o le entreguen la ubicación o los restos de su hermano.
“Como en su momento mi madre también lo pedía pues yo le pido a las autoridades y al gobierno que ya sea de la manera que sea, nos entreguen sus restos o si los tiene por ahí en alguna parte, pues que nos los hagan saber, para que tanto la familia como mi madre puedan estar un poco en paz”, dijo.