Se hizo público un video, grabado por una cámara de vigilancia el 18 de mayo de 2023, en el que se observa la presunta ejecución de cinco personas civiles a manos de integrantes del Ejército Mexicano.
Amnistía Internacional y #SeguridadSinGuerra recuerdan que corresponde a las autoridades civiles determinar las responsabilidades de los elementos del ejército en los hechos que se aprecian en el video.
Estos hechos no pueden entenderse de forma aislada, sino que reflejan los procedimientos con los que las Fuerzas Armadas (FFAA) han actuado en los últimos 16 años en México al realizar funciones de seguridad pública que le corresponden a autoridades civiles, destacadamente los casos de violaciones graves con saldo fatal cometidas por elementos del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas (2020); la muerte de la niña Heidi (2022) y el asesinato de 5 jóvenes a manos de elementos el Ejército mexicano también en Nuevo Laredo, en marzo de 2023.
Ejemplos de esta tendencia también se encuentran documentados por la investigación Con Copia Oculta, elaborada por las organizaciones Data Cívica e Intersecta así como en la Comunicación de acuerdo con el artículo 15 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sobre la presunta comisión de asesinatos como crímenes de lesa humanidad, perpetrados por elementos de las Fuerzas Federales del Estado mexicano entre 2007 y 2017, preparada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
#SeguridadSinGuerra y Amnistía Internacional exigen a las autoridades del Estado mexicano que la investigación y el esclarecimiento de los hechos se realice en apego al Protocolo Minnesota, asegurando que las investigaciones sobre muertes ocasionadas por acción de órganos o agentes del Estado garanticen la rendición de cuentas, el acceso a la información y con juicios a los autores identificados en tribunales civiles y sanciones adecuadas a los responsables.
En el video se aprecia que las personas detenidas ya habían sido sometidas por los elementos del ejército. Luego de esto debieron ser entregadas a la autoridad competentes para seguirles el debido proceso.
En este sentido, la participación del ejército en tareas de seguridad pública tanto convencional como constitucionalmente debe ser subordinada a las corporaciones civiles y sus en tareas de seguridad pública extraordinarias, reguladas y fiscalizadas por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
#SeguridadSinGuerra y Amnistía Internacional hacen de nuevo un llamado al Estado mexicano para incorporar la regulación del uso de la fuerza por parte de las FFAA en las tareas de seguridad pública del orden civil.
Resulta sumamente preocupante el clima de impunidad en el que operan actualmente las FFAA en México. Si no fuera por una cámara de vigilancia y por la labor de investigación de los medios, el país no sabría de los crímenes atroces y violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, como recientemente ocurrió en Nuevo Laredo el 18 de mayo de 2023. Exigimos que la Fiscalía General de la República investigue a los responsables de estos lamentables hechos, así como de todas aquellos homicidios en los que han estado involucradas las fuerzas armadas en décadas recientes.
La impunidad, opacidad y falta de rendición de cuentas de las instituciones castrenses no disminuirán si no se implementan medidas serias y efectivas para su fiscalización y supervisión democrática.
Continuaremos exigiendo el retiro de las FFAA de labores de seguridad pública, el fortalecimiento y profesionalización de las instituciones de seguridad civiles y la subordinación del poder militar al civil. Solicitamos a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos que exijan al Estado mexicano medidas adecuadas y efectivas para garantizar que soldados y marinos que cometan esta clase de atrocidades rindan cuentan ante la justicia nacional o internacional.