El exalcalde Enrique Rivas Cuéllar se presentó ayer en el Palacio de Justicia para ser imputado -junto a dos exfuncionarios de su administración y dos particulares- por peculado, uso indebido de funciones y ejercicio abusivo del servicio público, según la carpeta procesal 038/2023, en la compra-venta de un terreno -presuntamente- a sobreprecio durante la anterior administración municipal.
Para la audiencia de imputación, luego que en la primera argumentó no haber sido notificado, el expresidente municipal de Nuevo Laredo llegó ayer a las 9:31 de la mañana, visiblemente más delgado que en sus últimas apariciones públicas, con un gesto de aparente preocupación, aunque a su llegada procuró sonreír ante los medios que los esperaban para su cita programada.
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CONFLICTO DE INTERESES
Durante las primeras tres horas se llevó a cabo el desahogo de pruebas, desde cheques efectuados en el marco de la compra-venta del bien inmueble que pretendía ser destinado a un centro de convenciones, esto encaminado por la parte acusadora a presumir un conflicto de intereses, toda vez que este podría haber sido comprado a sobreprecio a un particular -asociado con otroque previamente había suplido a Rivas en la alcaldía, mientras que este último buscaba la reelección.
Lo anterior derivó de una denuncia realizada por la Comisión de la Verdad Municipal, en la que figura Imelda Mangín, en calidad de segunda síndica y representante legal del Ayuntamiento, interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción, y ella a su vez solicitó ayer la vinculación a proceso de Óscar Enrique “N”, Dorina “N”, Santiago “N”, como exfuncionarios, así como Rafael “N” y José Luis “N”, en calidad de particulares, aunque el penúltimo en su momento fungió como alcalde suplente, mientras que el mencionado al final, se ausentó argumentando razones de salud.
“Esta audiencia inicial se trata de hacer los cargos, es decir la imputación a los señalados, en este caso comparecieron cuatro de los cinco que están siendo investigados y además se está solicitando la vinculación a proceso por diversos delitos entre ellos el ejercicio ilícito de atribuciones, ejercicio abusivo de atribuciones, uso indebido de atribuciones y facultades, así como coalición de servidores públicos y todo obedece a los hechos que tienen que ver con la adquisición o la compra de un bien inmueble en el cual la investigación arroja que se pagó en exceso por ese mismo inmueble y que además entre los servidores públicos de aquella administración y la parte compradora al menos exista un conflicto de intereses que permea de ilicitud”, explicó Martín Lozano Méndez, asesor jurídico y particular del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, administración 2021-2024.
LO QUE SIGUE
Debido a que la sesión se prolongó por varias horas y había otra audiencia programada para esa misma tarde, se determinó continuar el miércoles 19 de abril a la 1:00 de la tarde y ahí se habrá de resolver si hay delito que perseguir y en su caso dictar la vinculación a proceso, a la que los cinco acusados, incluido el exalcalde panista, están obligados a asistir de forma presencial.
“El juez ya les consultó en qué momento quieren que se les resuelva y ellos decidieron que se les resuelva en un término adicional de 144 horas, es decir, pidieron la duplicidad, término constitucional y el juez lo autorizó y fijó el 19 de abril a la 1:00 de la tarde para continuar la audiencia y en la misma escucharemos a los imputados, a través de su defensa o directamente, y ver si ellos traen elementos probatorios que puedan contradecir lo que la imputación y solicitud a vinculación a proceso se está fincando”, dijo Lozano Méndez. En caso de vincularse a proceso habrá posteriormente una etapa para que ambas partes y el Ministerio Público aporten pruebas, las que conducirían a la audiencia de juicio, en la que un tribunal de enjuiciamiento dictamine si existe tal responsabilidad.
Pedirán medidas cautelares
Durante este proceso, si bien no amerita prisión preventiva oficiosa, se pueden dictar medidas cautelares, y en este sentido, la parte acusadora adelantó que las solicitaría, específicamente que permanezca en la ciudad y para ello, colocar al exalcalde un brazalete con rastreador integrado para monitorear su ubicación.
“Vamos a solicitar medidas cautelares; haremos nuestro trabajo solicitando medidas diversas, como la prohibición de abandonar la ciudad, que entregue su visa, la imposición de una garantía económica o la imposición de algún brazalete que les monitoree su recorrido geográfico”, se indicó.
A través de sus redes sociales, el exalcalde Enrique Rivas Cuéllar, emitió su postura el 7 de marzo, en la que despotricó respecto a las acciones legales emprendidas en su contra y aseguró no haber sido notificado; sin embargo, durante la conferencia de la Comisión de la Verdad se detalló la veracidad de la audiencia a la que fue citado y que deriva de la carpeta procesal 038-2023.
“Convencidos estamos con base al cúmulo probatorio que la ley permite un auto de vinculación a proceso, pero esperaremos de manera respetuosa la decisión”, señaló el abogado. Para la defensa de Rivas, se presentó el abogado Ricardo Bustos, quien figuró durante la administración del exalcalde panista, como asesor legal que llegó a devengar diversos cobros.