A pesar de que el exalcalde Enrique Rivas asegura que no está vinculado a proceso alguno por anomalías en su administración, ayer en conferencia de prensa de la Comisión de la Verdad, se reafirmó que está citado para el 21 de marzo a comparecer ante un juez de control en Nuevo Laredo por presunto ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades en el que se incluye la compra-venta del terreno para un centro de convenciones por un posible sobrecosto de hasta 50 millones de pesos.
COMISIÓN DE LA VERDAD
“Luego de meses de investigación de parte de la Comisión de la Verdad y Anticorrupción, se interpusieron las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público y hoy les informo que tenemos avances significativos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó una audiencia de imputación en contra del expresidente municipal y síndicos de la administración 2018-2021, tras haber encontrado elementos que pudieran configurar delitos cometidos por servidores públicos.
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El exalcalde, exfuncionarios y el representante legal de una empresa inmobiliaria deberán comparecer en audiencia este próximo 21 de marzo en la sede judicial de Nuevo Laredo, ya que de acuerdo a la Fiscalía, pudieron haber incurrido en los delitos de ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.
“Estas acciones son el resultado de la investigación elaborada por la Comisión de la Verdad y Anticorrupción y la Contraloría Municipal, que detectaron irregularidades en la compra-venta de un terreno que se adquirió a un sobreprecio que oscila entre los 20 y los 50 millones de pesos.
"Exigimos de las autoridades municipales profesionalismo y objetividad para que los responsables de estos actos ilícitos sean sancionados y que no haya impunidad y se haga justicia en Nuevo Laredo”, puntualizó Juan Ángel Martínez Salazar, secretario del Ayuntamiento.
LA AUDIENCIA EN PUERTA
Esta audiencia de imputación será el primer paso dentro del proceso penal en el que el Ministerio Público informará al juez quiénes son los imputados, ahí se resolverá si existen los elementos para presumir la comisión de un ilícito y en su caso vincular a proceso penal a Enrique Rivas y su gabinete, que si bien no se mencionó su nombre en el posicionamiento del gobierno municipal, por la descripción del periodo de administración y los hechos, se atribuye al último exalcalde panista.
EL NEGOCIO QUE LE TUMBARON
El 6 de febrero del 2020, el Cabildo autorizó la compra-venta de unos terrenos para construir un complejo del World Trade Center, pero durante la sesión, la regidora García Velázquez hizo diversos señalamientos, además del conflicto de intereses, la falta de un proyecto, así como un estudio hidráulico, ya que el área en la que se pretendía edificar es considerada como zona de inundaciones y de un suelo inestable para situar edificios de grandes dimensiones.
Nuevamente, en la sesión de Cabildo del 21 de febrero, la regidora se presentó con una serie de documentos que pusieron en duda la legitimidad del proyecto, cuestionando una presunta sociedad de Enrique Rivas con el WTC. En esa misma sesión, la funcionaria solicitó se revirtiera el proyecto.
Cuatro días después -el 25 de febrero del mismo año-, la polémica continuó y señaló el proyecto como una triangulación de desvío de recursos. Derivado de lo anterior, el World Trade Center desistió del proyecto; sin embargo, al poco tiempo presentó una propuesta similar y su administración gastó en junio del 2020 más de 3 millones 190 mil dólares del erario para la adquisición de un terreno contiguo al anterior, propiedad de Inmuebles Grand Boulevard, representado legalmente por Rafael Pedraza Domínguez, quien fue alcalde suplente durante la primera administración de Rivas Cuéllar, en el que pretendía construir un complejo conformado por un centro de convenciones, un parque acuático y un estadio de beisbol, obra que fue promocionada con bombo y platillo, pero cuestionada socialmente con severidad, pues se trataba del inicio de la pandemia en la que la ciudad adolecía de insumos e infraestructura para combatir el covid-19.
En su última sesión de Cabildo, cuando pidió licencia para contender por la diputación local -que perdió-, Enrique Rivas Cuéllar señaló que este último proyecto se iba a hacer “pésele a quien le pese”, pero el 22 de junio del 2021 y luego de diversas protestas y amparos interpuestos por ambientalistas, el proyecto fue detenido, evitándose de esta manera dañar más la Ruta Jabalí, que ya había sido “rasurada”.