El 5 de septiembre del 2019, la colonia Valles de Anáhuac en Nuevo Laredo, fue el escenario de la ejecución extrajudicial de ocho personas, y ayer por la mañana, casi tres años después, la Policía Estatal de Tamaulipas reconoció la responsabilidad de los hechos que se vieron plagados de señalamientos de haber “montado” una escena en la que las víctimas habrían sido torturadas y vestidas con uniformes militares, previo a ser ubicados en el lugar en que fueron presentados, según videos, fotografías y testimonios presentados por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
UNA DISCULPA VACÍA
En un ambiente frío por parte de las autoridades estatales, breve y con una notoria ausencia de Irving Barrios Mojica, fiscal general de Justicia, se llevó a cabo el acto de disculpa pública a los familiares de las víctimas.
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Las familias de ocho jóvenes, entre ellos tres mujeres, abatidos por elementos de la Policía Estatal y Sedena, han buscado la justicia y este acto solemne es parte de un proceso por el cual luchan, pese al dolor por el que permanecerá.
“No es suficiente. Han sido tres años de martirio que he llevado en mi vida. Sólo quiero que se haga justicia, porque mi hijo no debía haber muerto así, él era el único apoyo que yo tenía, hicieron que yo me quedara sola”, señaló Natividad Chávez Hernández.
RECONOCEN MATANZA
El acto fue breve, con discurso corto por parte de las autoridades estatales, del coordinador general de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable de la Secretaría de Seguridad Pública, José Rafael Rivas Valadez, quien reconoció el actuar indebido por parte de los elementos de la PEA.
“El gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública, reconoce la falla en el actuar de los integrantes del Estado y ofrece una sentida y total disculpa pública a las y los familiares de las víctimas. Reconocemos que esos elementos incurrieron en errores, que derivó en la lamentable pérdida de la vida”, manifestó.
El funcionario estatal apenas terminó el evento, inmediatamente se retiró del lugar junto con la comitiva que lo acompañó, sin tener un acercamiento con los familiares de las víctimas, quienes a pesar de este acto, seguirán exigiendo justicia.
Estuvo presente el sacerdote Carlos Aurelio Ramírez Moreno, quien ofreció un mensaje de aliento para las familias de las víctimas por las que se realizó al final del evento un acto espiritual de despedida, para el descanso de quienes perdieron la vida en la mencionada fecha.
DAÑO IRREPARABLE
Por su parte, Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas en México, ha acompañado en este proceso a las ocho familias de las víctimas junto con el Comité de Derechos Humanos, presidido por Raymundo Ramos.
“El día de hoy es trascendente que el gobierno del Estado ofrezca esta disculpa pública por los hechos ocurridos, reconociendo que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de las víctimas y que estas violaciones causaron un daño irreparable a las familias”, dijo Peña Palacios.
El representante de la ONU manifestó que este tipo de actos deben provenir de los más altos funcionarios de gobierno y participar en dichos actos, ordenado así por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a todos los países, lo que no sucedió en esta ocasión pues sólo fue enviado un coordinador de la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, en representación del fiscal, Irving Barrios.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos, en su mensaje destacó que con este acto se intenta cerrar un ciclo en la vida de las familias.
“Este acto de disculpa pública no es un acto generoso de la autoridad, es el producto del reclamo de estas familias, de una larga lucha de búsqueda de verdad, justicia y reparación”, puntualizó.