La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal exigió publicamente al gobierno del Estado, a la Fiscalía General de Justicia y a la Auditoría Superior de Tamaulipas que cesen las acciones ilegales, arbitrarias e intimidatorias en contra de su persona, familia, colaboradores y la ciudad en general, además de revelar que se amparó ante un juez federal.
Reiteró que hace responsable al Estado de cualquier atentado en contra de la integridad de los servidores públicos de Nuevo Laredo.
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“Exijo al Ejecutivo estatal que cese sus acciones de abuso en contra de mi familia y de mis colaboradores; la persecución ruin emprendida en mi contra a través de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, así como la violencia política y de género que padezco desde el gobierno del Estado no nos va a doblegar. Tengan la seguridad de que no vamos a claudicar, con su apoyo, vamos a superar todas las adversidades”, señaló Canturosas.
BAJO AMPARO
Ante la serie de presiones políticas y acciones que consideró arbitrarias por parte del Estado, la alcaldesa reveló que ha tenido que recurrir al recurso legal del amparo ante un juez federal, como una forma de protegerse de los embates de la administración de Cabeza de Vaca.
“El fiscal especializado en combate a la corrupción, Raúl Ramírez Castañeda, ha negado públicamente que exista una carpeta de investigación en mi contra; sin embargo, personal de la Fiscalía nos ha estado acechando a mí y a mi familia, ya ni decirles de la embestida en contra de los funcionarios de mi gobierno. Como ustedes saben, he continuado y continuaré con mi agenda de actividades, trabajando incansablemente por Nuevo Laredo. Desde luego, lo hago bajo el amparo y protección de un juez federal, porque no voy a permitir que el gobernador me impida hacer mi trabajo”, explicó.
POSICIONAMIENTO
En la sesión de Cabildo del 18 de mayo, tanto la alcaldesa como el secretario del Ayuntamiento, Juan Ángel Martínez Salazar, informaron que la Auditoría Superior del Estado se encontraba auditando al Ayuntamiento bajo el argumento de atender una presunta denuncia de uso de recursos públicos para fines distintos a los aprobados; ayer se cumplieron 23 días de la incursión de varias dependencias estatales y hasta elementos del Ministerio Público en una serie de acciones que este jueves el gobierno municipal definió en un comunicado como una serie de “acciones ilegales, arbitrarias e intimidatorias en contra de esta Administración Municipal”, exigiéndole a la administración estatal cesar tales abusos y actuar con estricto apego a la ley.
“El gobierno de Nuevo Laredo hace un firme llamamiento a la Secretaría General de Gobierno de Tamaulipas, a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para que dejen de confabular acciones ilegales, arbitrarias e intimidatorias en contra de esta Administración Municipal; les exigimos conducir su actuar en estricto apego a derecho, respetando la Constitución y las leyes que de ella emanan, fundando y motivando cada acto de autoridad”, señala el posicionamiento.
Hostigamiento a NLD
Respecto a la auditoría, el gobierno municipal fundamentó sus acusaciones de hostigamiento e intimidación en el hecho de que los informes que solicita el Estado, ya estaban en su poder.
“Es importante señalar que toda la información que nos han requerido, ya obra en poder de la Auditoría Superior del Estado de manera física y digital, al haber sido remitida como parte de los informes trimestrales para la Cuenta Pública 2022, por lo que venir a Nuevo Laredo a solicitar una información que ya tienen archivada en Ciudad Victoria, es claramente una muestra de que su táctica es el hostigamiento y la intimidación”, explica el comunicado.
Finalmente, el ayuntamiento aseguró que el asedio ha trascendido del ámbito laboral y político a lo personal.
“Lamentablemente, estas acciones de abuso y asedio no sólo se han limitado al ámbito de la administración pública, sino que han traspasado al ámbito personal, intimidando a familiares y acechando domicilios particulares de la propia presidenta y otros funcionarios municipales, por lo que, desde este momento, hacemos responsables a las citadas autoridades estatales de cualquier atentado en contra de la integridad de los servidores públicos de este Municipio”, puntualiza la carta.