El Gobierno municipal interpuso ya un amparo -el 31 de diciembre- ante un juzgado federal respecto a la irrupción del gobierno estatal en seis centros comunitarios municipales, para recuperar dichos espacios en los que se imparten talleres y se realizan otras actividades culturales.
“Ya iniciamos la contraofensiva legal de esta situación en la que nos vimos lamentablemente inmersos, el día último del año presentamos una demanda de amparo ya en el juzgado federal, estamos esperando en las siguientes horas que se admita a trámite y se inicie a desarrollar el juicio de amparo, con esto iniciamos formalmente nuestra defensa legal”, expresó Juan Ángel Martínez Salazar, secretario del Ayuntamiento.
En este sentido, Martínez Salazar explicó que era necesario acudir ante una instancia federal para denunciar a un ente estatal y de esta manera lograr un juicio justo y objetivo.
“Primeramente vamos a sacarlo de la esfera del Estado y llevarlo a la jurisdicción federal, para la imparcialidad que se requiere”, señaló.
“Dentro de la estrategia vamos a llevar a cabo algunas acciones, como involucrar a nuestros diputados locales, vamos a llevar este tema al Congreso del Estado y también vamos a comparecer directamente ante el juez que dictó esta medida completamente ilegal”, agregó.
El 16 de diciembre, elementos de corporaciones de seguridad del Gobierno del estado irrumpieron en seis centros comunitarios municipales, algunos de ellos en su modalidad ‘Tamul’, para apropiarse de los inmuebles, borrar los logotipos del Ayuntamiento y hasta cambiar cerraduras, esto a pesar de que el derecho de propiedad corresponde al Ayuntamiento, luego de que la Federación le hiciera entrega de los inmuebles.
En ese aparatoso uso de la fuerza pública, participaron la Policía Estatal, Ministerio Público, Policía Investigadora de la Fiscalía Estatal y Servicios Periciales.
“Como parte de nuestra estrategia legal, nosotros vamos también a agotar los recursos denunciando estos hechos, por que estamos en el 2022 y esos excesos ya no están permitidos; el ministerio público, previo a solicitar una audiencia de control, debió haber agotado la mediación, así lo establece la legislación penal, debió habernos llamado a nosotros -Ayuntamiento- y haber hecho un trámite de mediación, que todos los fiscales en este tipo de delitos están obligados a llevar a cabo y aquí la brincaron”, puntualizó Martínez Salazar.