Por presuntos actos de corrupción, desde abuso de autoridad, entorpecer procesos conciliatorios y pérdida de expedientes, abogadas denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado y ante la Comisión de Derechos Humanos, al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de Nuevo Laredo.
Con casos distintos, las abogadas Mayra Janeth Hernández Ramírez y Ana Sofía García Vela presentaron las quejas ante las autoridades correspondientes, pues aseguran que el personal que labora en la Junta de Conciliación no está capacitado para ejercer la función que se les asignó.
“Considero que lo que se está violentando aquí son los derechos de la clase trabajadora. Esta persona y todo el personal de la junta no está capacitado ni moralmente, ni profesionalmente para desempeñar los cargos que les fueron conferidos”, expresó Mayra Hernández.
Hernández Ramírez, representante legal del demandante en un juicio laboral promovido por despido injustificado en contra de una empresa transportista, al cual se encuentra en el proceso de ejecución del laudo desde el 25 de mayo que no se ha ejecutado ya que se presentó por la parte demandada un incidente improcedente que el presidente de la junta debió desechar de acuerdo a la ley y constitución política.
“La denuncia también es en contra del licenciado, Óscar Martín Peña Pimentel, quien funge como presidente y responsable director de la junta, con sede aquí, además de José Raúl Vázquez Chávez, él funge como secretario, así como la secretaria Laura Janeth Salas Castillo y Juan Ramón Moreno o quien resulte responsable”, expresó Mayra Hernández.
La denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado fue puesta esta semana y esperan que se les notifique y actúen con justicia.
Ambas abogadas esperan que se sancionen las omisiones e irregularidades y abusos que cometen los servidores públicos abusando de los cargos conferidos.
Por su parte, Ana Sofía García, presentó al menos cinco quejas ante la Comisión de Derechos Humanos por abuso de autoridad en contra de Alberto Barrera Díaz de León, encargado de las diligencias de prueba.
“En este tipo de situación de pérdida de expedientes o extravíos son responsables el secretario y el presidente de la Junta, entonces desgraciadamente el presidente nunca se encuentra en la junta, son constantes las ausencias y es algo de lo que hago hincapié en las quejas”, señaló.
Tanto Mayra Hernández como Ana Sofía, consideran que estas irregularidades y omisiones, así como el abuso de autoridad afectan principalmente a la parte obrera, que no cuenta con los recursos económicos para la subsistencia.
“El entorpecimiento de la justicia es un delito y que la mayoría de las personas tal vez por ignorancia desconocen y por eso se aprovechan esas personas profesionistas en derecho conscientes de las acciones ilícitas y delictivas que están cometiendo, por eso se le está dando vista a la Fiscalía para que abran la carpeta de investigación y se actúe con justicia porque la ley se hizo para eso”, puntualizó.