La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría cambiar la vida de miles de personas, ahora el derecho a modificar la identidad de género en actas de nacimiento se fortalece en más estados. El máximo tribunal del país resolvió que en Aguascalientes debe garantizarse un procedimiento accesible, rápido y sin requisitos discriminatorios para que las personas puedan adecuar su acta de nacimiento conforme a su identidad de género.
El fallo deriva del Amparo en Revisión 430/2025, en el que se analizaron artículos del Código Civil estatal. La Corte determinó que el proceso vigente era inconstitucional porque obligaba a acudir a un juicio, presentar pruebas e incluso permitir anotaciones marginales que vulneraban la privacidad. Siguiendo criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la SCJN estableció que estos trámites deben basarse únicamente en la autopercepción de la persona, sin exigir certificados médicos o psicológicos.
¿Qué es la identidad de género?
La identidad de género es la forma en que una persona se percibe a sí misma en relación con su género, independientemente del sexo que le fue asignado al nacer. Se trata de una vivencia interna y personal que forma parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad, reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Este concepto no siempre coincide con características biológicas, ya que el género también está influido por factores sociales, culturales y personales. El reconocimiento legal de la identidad de género es fundamental, ya que permite a las personas contar con documentos oficiales que reflejen quiénes son realmente, lo que facilita el acceso a servicios básicos como salud, educación y empleo, además de reducir riesgos de discriminación.
¿Qué estados en México ya permiten el cambio de identidad de género?
En México, más de 20 entidades ya permiten el cambio de identidad de género mediante un procedimiento administrativo ante el Registro Civil, aunque los requisitos y alcances varían entre estados. Destacan casos como Ciudad de México, pionera en implementar este modelo, así como Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Colima, Nayarit, San Luis Potosí, Tlaxcala, Baja California, Baja California Sur, Sonora y Quintana Roo.
La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación refuerza que estos trámites deben ser accesibles, confidenciales y sin requisitos discriminatorios, en línea con estándares internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, en otros estados aún existen barreras legales o procesos judiciales obligatorios. La resolución de la SCJN no legisla directamente para todo el país, pero sí sienta un precedente que puede ser utilizado para impulsar cambios en otras entidades.
¿Cuándo fue la primera vez que se permitió este trámite en México?
El antecedente más importante se remonta a 2008, cuando la Ciudad de México aprobó reformas para permitir el cambio de identidad de género, aunque en ese momento requería un proceso judicial. Fue hasta 2015 cuando la capital del país dio un paso clave al implementar un procedimiento administrativo ante el Registro Civil, eliminando la necesidad de juicio. Este modelo se convirtió en referencia nacional.
A partir de entonces, otras entidades comenzaron a replicar el esquema, impulsadas tanto por activismo social como por resoluciones judiciales basadas en derechos humanos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales han sido fundamentales para respaldar este derecho, especialmente en materia de identidad, privacidad y no discriminación.
Un paso más en derechos humanos… pero con retos pendientes
El fallo de la SCJN representa un avance significativo en la protección de la identidad de género en México. No obstante, aún existen desafíos para lograr una implementación uniforme en todo el país. Organizaciones civiles han señalado que, aunque hay avances, persisten desigualdades entre estados. En algunos casos, las personas aún enfrentan procesos largos, costos elevados o requisitos innecesarios.
La resolución también abre la puerta a futuros litigios estratégicos que podrían ampliar este derecho en entidades donde aún no está plenamente garantizado. En un país donde el reconocimiento legal de la identidad puede impactar acceso a salud, educación y empleo, este tipo de decisiones no solo tienen un efecto jurídico, sino también social. Y para muchos, podría cambiarlo todo.