El hallazgo del cuerpo del capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez causó sorpresa este lunes 8 de septiembre a la comunidad marítima y a las autoridades de seguridad en Tamaulipas.
El oficial, quien fungía como titular de la Unidad de Protección Portuaria en Altamira, fue encontrado en su oficina tras un acto de autoprivación de la vida.
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Las primeras indagatorias refieren que el marino estaba bajo presión, pues había sido vinculado con supuestos pagos ilícitos a cambio de facilitar operaciones vinculadas al contrabando de combustibles.
Fuentes federales revelaron que un testigo protegido declaró que el capitán habría recibido sumas que alcanzaban los 100 mil pesos por cada embarcación relacionada con el tráfico de hidrocarburos.
La noticia generó conmoción dentro de la corporación naval y en la opinión pública, al poner en entredicho los mecanismos de control y transparencia dentro de las estructuras encargadas de la seguridad en los puertos mexicanos.
Especialistas en temas de corrupción advirtieron que este caso exhibe la vulnerabilidad de mandos medios y altos frente a redes delictivas con amplio poder económico.
No sabía si era investigado formalmente
Aunque las autoridades confirmaron la muerte del oficial, no se ha precisado si existían investigaciones formales abiertas en su contra ni el grado de responsabilidad que pudiera haber tenido dentro de la estructura delictiva.
La Fiscalía General de la República (FGR) indicó que dará seguimiento a los testimonios y a la ruta de dinero presuntamente entregado como sobornos.