Después de que el Gobierno mexicano anunció la formación de una Comisión Presidencial dedicada a delimitar y definir una reforma electoral en el país, este lunes se hizo oficial mediante la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La iniciativa, que será liderada por Pablo Gómez Álvarez, exdirector de la Unidad de Inteligencia Financiera, busca impulsar una transformación en el sistema electoral mexicano.
El documento publicado señala que la prioridad de esta comisión será convocar a la ciudadanía a involucrarse en el proceso, promoviendo consultas públicas para definir qué cambios convienen a México en materia electoral.
Además, tendrá la encomienda de realizar estudios y análisis profundos, así como de elaborar distintas propuestas para modernizar y mejorar el sistema actual. Entre sus otras funciones también destaca la creación de grupos de trabajo, la redacción de su reglamento interno y la presentación de recomendaciones basadas en los resultados de sus investigaciones.
¿Quiénes integrarán esta instancia?
El decreto detalla que Pablo Gómez Álvarez será el presidente de la Comisión, que estará conformada por representantes de varias dependencias clave del Ejecutivo Federal, entre ellas la Secretaría de Gobernación, bajo el liderazgo de Rosa Icela Rodríguez; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a cargo de José Antonio Peña Merino; la Secretaría de la Consejería Jurídica, con Ernestina Godoy Ramos; la Oficina de la Presidencia, con Lázaro Cárdenas Batel; y la Coordinación de Asesores y la Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia, lideradas por Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Zaldívar, respectivamente.
El decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación y permanecerá vigente hasta el 30 de septiembre de 2030, salvo que la Presidencia Federal decida su disolución anticipada. Además, los titulares de las áreas mencionadas podrán designar suplentes con nivel mínimo de director general, quienes cubrirán las ausencias de los titulares durante la operación de la Comisión.
Para fortalecer su impacto, el documento también contempla que representantes de otros sectores, como instituciones públicas y privadas, academia, organismos autónomos y la sociedad civil, podrán ser invitados con derecho a voz, pero sin voto, en las sesiones y actividades de la instancia.
Por último, la Comisión deberá desarrollar sus funciones bajo principios de transparencia, objetividad, eficiencia, economía y responsabilidad, garantizando el cumplimiento de la legislación vigente en materia de rendición de cuentas, protección de datos y acceso a la información pública.