La arritmia irrumpe de nuevo en el sistema circulatorio de América del Norte, con otra polémica entre dos de sus socios: México y Estados Unidos, que amenaza el delicado equilibrio regional. Ayer martes, la presidente, Claudia Sheinbaum, negó que su gobierno haya llegado a un acuerdo con la DEA, la agencia antidrogas de EU, para llevar a cabo operativos.
El lunes, la DEA divulgó un comunicado en que anunciaba el lanzamiento del Operativo Portero en la frontera suroeste, contra el trasiego de “drogas sintéticas”, de la mano del gobierno del país vecino.
La Administración de Donald Trump ha colocado el tráfico de opioides y otras drogas como una de sus prioridades.
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“No hay ningún acuerdo con la DEA. Emiten el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo. Ninguna de las instituciones de seguridad lo ha hecho”, dijo Sheinbaum en su conferencia de prensa matutina. La Mandataria ha sorprendido con la contundencia de su tono, habitualmente conciliador, cuando se trata de la relación bilateral.
Afirmó que el único acuerdo en materia de seguridad con EU está por firmarse.
“Es con el Departamento de Estado y se basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial, es decir, que cada quien opere en su territorio, y la coordinación, sin subordinación”, ha dicho.
El lunes, la DEA anunciaba “una importante iniciativa para fortalecer la colaboración entre Estados Unidos y México en la lucha contra los cárteles (...), cuyo objetivo es desmantelar a sus ‘guardianes’, agentes que controlan los corredores de contrabando a lo largo de la frontera suroeste”.
La agencia matizaba que “los ‘guardianes’ dirigen el flujo de fentanilo, metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos”, e informaba de la puesta en marcha de un programa de capacitación para investigadores mexicanos. Sheinbaum ha reconocido esto último, pero ha rebajado su categoría y lo califica de “un taller en Texas”.
La firmeza de la Mandataria apunta al largo historial de desencuentros entre México y las agencias de seguridad estadounidenses, particularmente la DEA.
Durante el mandato de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), el Gobierno y la DEA chocaron por la detención en Los Ángeles de Salvador Cienfuegos, general de división del Ejército mexicano, secretario de la Defensa durante la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Cauto al principio, López Obrador no tardó en convertir la detención de Cienfuegos, acusado de narcotráfico, en una intromisión intolerable de EU en la vida institucional mexicana.
El exmandatario, mentor de Sheinbaum y líder moral de su movimiento político. La justicia estadounidense retiró los cargos contra Cienfuegos y mandó al general a su país.
La Fiscalía mexicana señaló más tarde que no había elementos siquiera para procesar al general. En el camino, López Obrador acusó a la DEA, encargada de armar el caso contra el militar, de fabricar pruebas.
La agencia señaló después que estaba decepcionada con López Obrador. El expresidente anunció entonces una revisión del trabajo de los agentes antidrogas estadounidenses en México. La desconfianza se convirtió en paisaje en la relación bilateral.