El golpe fue histórico. El decomiso de más de 15 millones de litro de combustible ilegal en Coahuila marcó el inicio de una nueva etapa en la lucha contra el huachicol.
Pero no sólo por el volumen incautado -el más grande en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum-, sino por lo que representa: la desarticulación parcial de una red trasnacional de robo y contrabando de hidrocarburos con conexiones políticas en México y Estados Unidos. Las primeras declaraciones del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, fueron contundentes:
“Es un robo al Estado mexicano, una estructura criminal que involucra empresas fachada, cárteles y complicidades institucionales”.
Detrás de los 129 carrotanques asegurados, etiquetados con nombres de empresas como Lambrucar, Ingemar, Belar Fuels e Industriales Fundentes, se esconde un modus operandi que combina permisionarios legales, socios políticos, y una estructura de protección institucional tejida durante años.
Y en el centro de esa telaraña aparece un hilo revelador: la relación entre el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Durante su gobierno (2016–2022), Cabeza de Vaca convirtió a Tamaulipas en el epicentro del huachicol fronterizo.
Bajo su administración se creó el CAIET (Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios Tamaulipas), un cuerpo parapolicial que -según testimonios de exfuncionarios y denuncias documentadas- fue utilizado, además de muchas otras cosas, para: Resguardar las pipas cargadas con combustible robado, coaccionara y minimizara a la competencia, perseguir y callar a críticos que pudieran descubrir el contrabando y asegurar rutas de contrabando.
Posteriormente, el CAIET fue transformado en los GOPEs, grupo acusado de múltiples violaciones a derechos humanos y vinculado a la protección de actividades ilegales disfrazadas de operativos de seguridad.
Fuentes consultadas en el entorno de la Secretaría de Seguridad sostienen que se prepara un expediente especial sobre “corrupción estructural en el sistema energético mexicano” y que el vínculo entre Ruffo e Ingemar, y entre Cabeza de Vaca y los cuerpos de seguridad estatales, será el eje de una investigación más amplia