La reciente reaparición del expresidente Enrique Peña Nieto en el documental “Texcoco, la decisión del presidente” reavivó el debate sobre el polémico Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cancelado en 2018 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tras una consulta ciudadana.
En el material audiovisual, Peña Nieto justifica su apoyo al proyecto, asegurando que se realizaron todos los estudios técnicos necesarios, así como la adquisición de tierras para su construcción. Su intervención fue breve, pero suficiente para provocar reacciones desde el actual gobierno federal.
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Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto y respondió con firmeza.
Lo importante sobre el aeropuerto, más allá de si hubo malos manejos o no, es que hay una investigación sobre los recursos que se utilizaron para su construcción, se iba a construir en una zona de hundimientos.
Sheinbaum dejó claro que el problema central no es solamente la corrupción o los sobrecostos que se denunciaron en su momento, sino el hecho de que el NAIM se planeó en una zona geológicamente riesgosa, propensa a inundaciones y hundimientos diferenciales, lo cual representaba una amenaza tanto técnica como financiera a largo plazo.
El proyecto del NAIM, que contemplaba una megaobra en el lago de Texcoco, fue cancelado después de una intensa polémica nacional. Aunque algunos sectores lo consideraban visionario, otros lo veían como inviable y elitista. La obra ya llevaba un avance considerable cuando fue detenida, lo que provocó demandas y costos por cancelación que siguen siendo materia de escrutinio público.
Actualmente, la investigación sobre el uso de recursos públicos destinados al NAIM continúa abierta, y tanto la Secretaría de la Función Pública como la Auditoría Superior de la Federación han señalado irregularidades en su ejecución.
Con su aparición en el documental, Peña Nieto rompe años de silencio mediático, pero la respuesta de Sheinbaum indica que el tema del aeropuerto aún genera debate y que el legado del sexenio pasado sigue bajo revisión, tanto en el ámbito político como legal.