El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó que ante la reelección de Daniel Noboa como presidente de Ecuador, se haya iniciado el traslado de sicarios desde México y otros países hacia ese territorio con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el Presidente, su Gabinete Ministerial y equipo de trabajo.
En una tarjeta informativa, la SRE mostró su rechazo a que en Ecuador se realice la difusión de un discurso citando fuentes oficiales señalando a México como “fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país”.
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La dependencia informó que en las últimas horas “ha circulado información en algunos medios de comunicación de Ecuador, citando un mensaje militar de ese país del pasado 17 de abril, que señalan que tras las elecciones presidenciales ‘ se ha iniciado el traslado de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el Presidente de la República, su Gabinete Ministerial y equipo de trabajo’”.
Ante estas declaraciones, la Cancillería rechazó de manera tajante "la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y/o filtraciones de documentos oficiales, que aludan a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país”.
Además, recordó que nuestro país rompió relaciones con Ecuador desde que ocurrió el asalto a la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril de 2024, un flagrante violación al derecho internacional.
¿Cuáles son las acusaciones de Ecuador?
Este sábado el gobierno de Ecuador divulgó un informe de inteligencia que alerta sobre un supuesto intento de asesinato contra el presidente reelecto Daniel Noboa.
El reporte señala que tras la reelección de Noboa el pasado fin de semana, "se ha iniciado traslados de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el Presidente de la República" y sus funcionarios más cercanos.
También advierte sobre la planificación de posibles atentados terroristas en infraestructura vial, bancos e instituciones del Estado y menciona la realización de protestas violentas en el país por lo que recomienda reforzar el esquema de seguridad del mandatario.