Diputados de Morena, funcionarios federales y expertos en seguridad coincidieron en la urgencia de pasar del discurso a la acción para frenar el tráfico de armas, un fenómeno que alimenta la violencia y fortalece a las organizaciones criminales.
Durante el foro nacional de políticas públicas “Que se arme el desarme”, subrayaron que la colaboración entre sectores es fundamental y destacaron la importancia de involucrar a la juventud en esta causa.
El diputado Sebastián Ebrard Lestrade (Morena) fue enfático al señalar que el tráfico de armas es “un negocio donde el lucro se impone sobre la vida, y eso es inaceptable”.
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Recordó que, en los últimos 15 años, más de 400 mil personas han perdido la vida en México a causa de la violencia, en gran parte vinculada al armamento ilícito.
Ebrard precisó que entre el 70 y el 90 por ciento de las armas usadas en delitos, provienen de Estados Unidos.
“En apenas tres meses, de octubre de 2024 a enero de 2025, se decomisaron 3 mil 600 armas en la frontera norte. Esto equivale a cerca de 40 armas ingresando al país cada día”, advirtió.
Destacó, además, la reciente demanda del Gobierno mexicano contra los fabricantes de armas en EE.UU. por “negligencia criminal”.
“Este paso representa más que una demanda, es parte integral de una estrategia del Gobierno de México para enfrentar este problema desde su origen”, afirmó.
Por su parte, la diputada Alma Rosa de la Vega Vargas subrayó que el tráfico de armas ha impactado gravemente al país, por lo que “es fundamental emprender acciones que contribuyan a la lucha contra la inseguridad y la construcción de la paz”.
Explicó que este foro no es sólo un espacio de diálogo, sino un llamado a la acción.
“Las y los diputados estamos trabajando en propuestas concretas, desde la demanda contra empresas armamentistas hasta políticas públicas enfocadas en devolver la paz a las comunidades”, indicó.
Asimismo, la diputada Selene Ávila Flores enfatizó la necesidad de “esfuerzos articulados y acciones transversales” para combatir el tráfico ilegal de armas.
“Es un problema multifactorial que requiere reformas normativas y una atención integral. Sin Estado de Derecho, no se logrará nada”, expuso.
En tanto, María Carmina Ceballos Martínez, directora de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil en la Secretaría de Gobernación, resaltó el impacto del programa “Sí al desarme, sí a la paz”, que fomenta el canje voluntario de armas por dinero en efectivo.
“Buscamos evitar que las familias tengan en casa armas que representan un peligro”, explicó. Por último, Pablo Gómez de Iturbe, director general de Asuntos Especiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reiteró la importancia de la demanda contra los fabricantes de armas.
“El tráfico de armas no sólo amenaza la seguridad de México, sino también la de Estados Unidos y otras regiones, ya que potencia el poder de fuego de los cárteles de la droga y facilita el tráfico de estupefacientes”, explicó.
Gómez de Iturbe añadió que México trabaja de manera coordinada con el Gobierno estadounidense, bajo los principios de respeto mutuo y diálogo. “Es una batalla compleja, pero necesaria para devolver la tranquilidad a nuestras comunidades”, precisó.