Analistas políticos consideran que la salida del fiscal general Irving Barrios Mojica, prevista para esta semana, marca el fin de una gestión de nueve años caracterizada por bajo desempeño, señalamientos de omisiones y acusaciones de abusos, encubrimiento y presunta fabricación de delitos.
Barrios Mojica fue designado fiscal durante la administración del exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien actualmente enfrenta órdenes de aprehensión y acusaciones por presunto desvío de recursos, entre otros delitos.
Barrios Mojica llegó a Tamaulipas el 3 de octubre de 2016 como procurador de Justicia y en diciembre de 2018 fue designado fiscal general, cargo que ocupó durante dos administraciones. Su salida, deja pendientes “heridas abiertas que siguen supurando impunidad”, consideró la analista y columnista María Jaramillo Alanís.
Te podría interesar
Por otra parte, la analista política Ana Luis García señaló que el periodo encabezado por Barrios, deja “nueve años de gestión fallida, protagonizada por el fiscal general en el Estado, Irving Barrios Mojica, período en el cual, lo mejor de su gestión será el 15 de diciembre próximo, cuando se despida del cargo”, afirmó.
García sostuvo que el aún fiscal deja una larga lista de casos sin resolver o atendidos de manera deficiente. “Nueve años de carpetas empolvadas, periodistas silenciados y verdades escondidas”, resume la autora, quien sostiene que la exigencia central sigue siendo una sola: “Justicia. Y esa, Barrios Mojica, jamás llegó de tu mano”, consideró la analista y columnista María Jaramillo Alanís.
Un recuento crítico de la periodista, señala algunos de los casos más emblemáticos:
DESPLAZAMIENTO FORZADO
La analista política recuerda que el mismo día de su llegada al Estado, la periodista Rosa María Rodríguez fue agredida por escoltas del entonces procurador. La agresión incluyó golpes e intimidación, seguida de ataques digitales contra sus hijos y amenazas directas en su domicilio, lo que obligó a la familia a abandonar Tamaulipas.
EL CASO DE MIRIAM RODRÍGUEZ
Otro de los casos destacados es el de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, activista asesinada el 10 de mayo de 2017 tras denunciar la fuga de los responsables del secuestro y asesinato de su hija Karen. Antes de su muerte, Miriam solicitó protección oficial, la cual le fue negada bajo el argumento de que “no había suficientes policías para cuidarla”.
“La mataron los mismos criminales que la autoridad dejó escapar”, subraya el texto, que atribuye responsabilidades tanto a Barrios Mojica como al entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
ALGUNOS ASUNTOS TURBIOS: ASESINATOS DE PERIODISTAS SIN JUSTICIA
El asesinato del comunicador Carlos Domínguez, ocurrido el 13 de enero de 2018 en Nuevo Laredo, es presentado como otro ejemplo de irregularidades. La Fiscalía acusó a presuntos responsables que posteriormente fueron absueltos por un tribunal en 2019.
También el homicidio del periodista Héctor González Antonio en mayo de 2018, en el que la versión oficial cambió en varias ocasiones y concluyó con una sola detención y una sentencia considerada insuficiente por colegas y familiares.
CASO ANTONIO DE LA CRUZ
El recuento menciona también el asesinato del periodista Antonio de la Cruz en junio de 2022, ocurrido frente a su hija Cynthia, quien murió posteriormente. Pese a la cercanía de cámaras, torres de vigilancia y el penal estatal, no hubo esclarecimiento del crimen.
“El silencio y la omisión fueron la respuesta”, señala Jaramillo Alanís, quien retoma declaraciones del senador Gustavo Cárdenas, quien afirmó desde tribuna que se trató de “un asesinato de gobierno”.