Con la expedición de una nueva ley general, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca que la extorsión sea perseguida e investigada “de oficio” —es decir, que no se necesite de una denuncia formal para que las autoridades actúen—.
Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo buscan combatir la desconfianza ciudadana y la burocracia, que se traducen en que la cifra oculta del delito de extorsión se estima en un 97 por ciento, y proteger a las víctimas de este delito al implementar todo un sistema de denuncias anónimas.
El lunes 20 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó a la Cámara de Diputados, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión.
De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta surgió en respuesta al incremento sostenido de la extorsión y la falta de uniformidad legal en los códigos penales estatales, buscando establecer un tipo penal único aplicable a nivel nacional para tipificar y sancionar la extorsión con penas más severas y agravantes.
Para ello, propone reformas a múltiples leyes —incluyendo los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales— para fortalecer la coordinación interinstitucional, asegurar la persecución oficiosa del delito e implementar un régimen estricto penal para sentenciados, especialmente aquellos que operan desde centros penitenciarios.
Finalmente, en materia de ejecución penal, la iniciativa busca crear un “régimen estricto” para que quienes sean sentenciados por extorsión no tengan acceso a beneficios preliberacionales ni a la conmutación de la pena, salvo en casos excepcionales de colaboración eficaz con la justicia