Circular por las calles puede ser una experiencia cotidiana, pero a veces inesperada, cuando elementos de Tránsito o policías deciden realizar una supuesta “revisión de rutina”. Estas inspecciones, que van desde revisar mochilas, bolsas y pertenencias hasta solicitar abrir un automóvil o motocicleta, generan dudas y hasta temor entre ciudadanos.
Es importante aclarar que, aunque parezcan procedimientos normales, la ley establece límites claros sobre cuándo estas acciones son legales. El Artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta a los policías a inspeccionar vehículos únicamente durante un acto de investigación. Esto significa que, si existen indicios de un delito o si el vehículo o la persona están relacionadas con un hecho delictivo, la autoridad puede realizar la revisión, siempre documentando y justificando la acción.
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El Artículo 16 constitucional es categórico
Ningún ciudadano puede ser molestado en su persona, domicilio, vehículo o pertenencias sin contar con una orden judicial, salvo en casos de flagrancia, es decir, cuando se está cometiendo un delito en el momento. Por lo tanto, las llamadas “revisiones de rutina” que no cumplan con estas condiciones son ilegales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reforzó este criterio en marzo de 2018, señalando que cualquier inspección que no se realice por flagrancia o investigación activa es arbitraria e ilegal.
Además, la Corte puntualizó que la policía no puede inspeccionar vehículos o personas a su antojo, ni usar infracciones de tránsito como pretexto para revisiones, ni realizar cateos en domicilios sin orden judicial.
A pesar de estas disposiciones, muchos ciudadanos acceden a revisiones ilegales por desconocimiento de sus derechos. La recomendación de expertos legales es mantener la calma, pedir fundamentos legales de la inspección y, en caso de irregularidades, registrar el hecho y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.
La policía puede inspeccionar a una persona o vehículo solo bajo circunstancias específicas y justificadas, mientras que cualquier revisión “de rutina” sin causa, documentación u orden judicial viola derechos constitucionales. Conocer estas reglas es clave para protegerse y evitar abusos de autoridad.