La Fiscalía del Estado de México ha abierto una investigación tras la difusión de un video en el que custodios del penal de Barrientos agreden físicamente al influencer Fofo Márquez.
En las imágenes, Márquez aparece de rodillas y recibe varios golpes en el rostro por parte de un guardia penitenciario. El incidente, que tuvo lugar el 31 de diciembre, ha suscitado un amplio debate sobre los derechos humanos dentro del sistema carcelario.
¿Podría salir libre Fofo Márquez?
Tanto la Fiscalía como la Secretaría de Seguridad estatal han confirmado la autenticidad del video, desmintiendo teorías que sugerían que el material podría ser un montaje con el fin de justificar una reducción de la condena de Márquez, quien cumple una sentencia de 17 años por tentativa de feminicidio.
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Ante la indignación generada, las autoridades han anunciado medidas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Condenan la agresión
Cristóbal Castañeda, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, condenó enérgicamente la agresión y aseguró que se tomarán acciones inmediatas. Entre ellas, se contempló el traslado de Márquez a otro centro penitenciario para garantizar su seguridad, así como la apertura de una carpeta de investigación contra los custodios involucrados y la directora del penal.
Sí, en México, una persona sentenciada podría quedar en libertad si se demuestra que fue torturada, ya que la Constitución y los tratados internacionales prohíben el uso de la tortura y establecen que cualquier prueba obtenida bajo tortura es ilegal.
Bases legales para su liberación:
- Artículo 20 de la Constitución Mexicana: Garantiza el debido proceso y prohíbe la tortura.
- Convención contra la Tortura de la ONU: México está obligado a investigar y sancionar la tortura.
- Protocolo de Estambul: Si se demuestra que la confesión o pruebas fueron obtenidas bajo tortura, pueden ser invalidadas.
- Jurisprudencia de la Suprema Corte: Ha habido casos donde se ha ordenado la liberación de personas torturadas.
Si la defensa logra probar la tortura con peritajes médicos y psicológicos, la sentencia podría anularse y la persona quedar libre. Sin embargo, en la práctica, los procesos pueden ser largos y complicados.
La legislación mexicana es clara en la prohibición de la tortura. La Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura establece penas de hasta 12 años de prisión para los servidores públicos que incurran en esta práctica, además de sanciones administrativas. Por su parte, el artículo 22 de la Constitución Política de México prohíbe cualquier forma de trato cruel, inhumano o degradante dentro del sistema penitenciario.
Desafío legal
El caso de Fofo Márquez pone en evidencia los desafíos que enfrenta el sistema de justicia para garantizar el respeto a los derechos humanos en los centros de reclusión.
Expertos en derecho han destacado la relación entre violaciones al debido proceso y la persistencia de prácticas de tortura en contextos penitenciarios.
La falta de acceso a defensa legal o la imposibilidad de comunicación con familiares incrementa significativamente el riesgo de abusos dentro de las prisiones.
En este contexto, la investigación de la Fiscalía sobre la tortura a Fofo Márquez en el penal de Barrientos cobra relevancia no solo para esclarecer este caso en particular, sino para reforzar los mecanismos de prevención y erradicación de la violencia institucional en el país.