Elementos de la Fuerza Civil Nuevo León instalaron un retén en el Kilómetro 53 de la Autopista de la Carretera Nacional, en el tramo Monterrey-Nuevo Laredo, Tamaulipas, el cual es anticonstitucional y representa una flagrante violación a los derechos humanos; las víctimas son neoloneses, tamaulipecos “paisanos” y turistas norteamericanos, quienes piden la intervención de las autoridades federales.
Las denuncias, provenientes tanto de familias neolonesas como de paisanos provenientes de Estados Unidos, pintan un cuadro desolador de extorsión, vejaciones y robos de pertenencias de valor perpetrados bajo la sombra de la impunidad. El retén se ubica estratégicamente al descender la primera cuesta de Mamulique, aprovechando el terreno para esconderse y realizar sus acciones como delincuentes.
"Es una pesadilla pasar por ese retén", denunció un residente neolones, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato por temor a represalias. "Los policías nos detienen sin motivo, nos revisan de manera humillante y nos exigen dinero a cambio de dejarnos ir. Es una extorsión descarada".
“Nos pararon en el retén los elementos de Fuerza Civil Nuevo León, y nos exigieron dinero para dejarnos continuar, amenazando con sembrarnos armas o drogas y mandarnos a la Fiscalía General de la Republica”, denunció una madre de familia, que había ido a Laredo, Texas de compras para sus hijos.
Las quejas también llegan desde más allá de las fronteras de México, con paisanos que viven en Estados Unidos compartiendo sus experiencias desgarradoras. "Es indignante que en pleno siglo XXI sigamos siendo víctimas de estos abusos por parte de las autoridades", expresó un connacional residente en Texas afectado por estas prácticas. "Nos detienen sin razón, nos intimidan y nos despojan de nuestras pertenencias más valiosas. Es una vergüenza".
Un turista norteamericano, que pidió el anonimato, manifestó “nos detuvieron para una supuesta revisión y como iba con mi familia, me amenazaron con detenerme e inventarme un delito, tuve que darles 500 dólares y por miedo no denuncie en Nuevo León, lo haré en el Consulado de San Antonio, para que se castigue a esos policías-delincuentes”.
Las acusaciones van desde el robo de pertenencias hasta la siembra de drogas o armas con el objetivo de justificar detenciones arbitrarias y poner a las víctimas a disposición de las autoridades federales. Estas acciones no solo constituyen una violación flagrante de los derechos humanos, sino que también erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de velar por su seguridad y bienestar.
“Mis hijos están traumatizados, porque los elementos de Fuerza Civil nos amenazaron con sus armas. Era de noche, cuando nos detuvieron en el retén y ahí estuvimos casi dos horas, hasta que les di dinero y me robaron pertenencias de valor, hasta un juego Nintendo Switch de uno de mis niños que les gusto”, denunció un connacional residente en Arkansas, que cruzo para visitar a sus familiares en Nuevo León.
Los turistas norteamericanos y los paisanos residentes en Estados Unidos, interpondrán sus denuncias ante los Consulados de México en las ciudades donde viven, ante el temor de que, en Nuevo León, las autoridades en lugar de castigar a los policías corruptos, les inventen algún delito a ellos.
El retén es inconstitucional porque esto está prohibido por el artículo 129 de la Constitución Federal. Además, el retén viola el derecho al libre tránsito, previsto en el artículo 11 constitucional, ya que restringe el derecho que tienen los ciudadanos a desplazarse por el territorio nacional.
Ante estas denuncias, la ciudadanía exige una respuesta por parte de las autoridades correspondientes, con una investigación exhaustiva de estos hechos y la implementación de medidas efectivas para garantizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados en todo momento. La impunidad no puede ser tolerada cuando se trata de abusos policiales que vulneran la dignidad y la integridad de ciudadanos y turistas.