El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que hay una “actitud de venganza” por parte del Poder Judicial en contra de su gobierno, debido a que ha denunciado “el proceder corrupto” en el interior de ese Poder de la Unión.
En la mañanera de ayer, a pregunta sobre el tema, el mandatario federal subrayó: “Como nosotros estamos denunciando este proceder corrupto, hay una actitud de venganza, de parte del Poder Judicial en contra nuestra”.
Insistió en que el Judicial protege a presuntos criminales acusados de delitos graves, además que aprueba amparos en contra de las obras públicas que desarrolla su administración.
En la conferencia en Palacio Nacional se le preguntó sobre la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) transparente las declaraciones patrimoniales y de intereses de 23 ingenieros militares que estuvieron a cargo de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En respuesta, el Jefe del Ejecutivo refirió: “Yo, en mi opinión, es que si están solicitando que se den a conocer los bienes de los constructores del aeropuerto, que pertenecen al grupo de ingenieros militares, yo pienso que se debería de dar a conocer toda la información, aun cuando están violando la Constitución, con respecto a los ministros de la Corte”
Magistrados actúan con ilegalidad, señala FGR
La Fiscalía General de la República acusó a jueces y magistrados federales de ser parciales y cometer ilegalidades, después de que un tribunal federal ratificó la decisión de excluir pruebas financieras en contra de Emilio Lozoya, por el caso de los sobornos de Odebrecht.
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a jueces y magistrados federales de ser parciales y cometer ilegalidades, después de que un tribunal federal ratificó la decisión de excluir pruebas financieras en contra de Emilio Lozoya, por el caso de los sobornos de Odebrecht.
“Los jueces de Distrito y magistrados federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio ‘L’, y en contra de las víctimas que son el Estado mexicano y la empresa estatal Pemex, al desechar diversas pruebas obtenidas con base en dos Tratados Internacionales que cuentan con nivel constitucional Artículo 133 y que se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las que incluso, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto como legales”, indicó mediante un comunicado.