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Poder Judicial se aferra a privilegios

Los cambios no perjudicarán a los trabajadores de base, ya que son sólo para acabar con los lujos de los de arriba, advierte el Presidente de México

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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró ayer que el Poder Judicial “está podrido”, por lo que es necesaria su reforma, pero subrayó que los cambios que busca no apuntan contra los trabajadores de base del aparato judicial.

En su habitual r ueda de prensa en Palacio Nacional, el tabasqueño afirmó que con una reforma al Poder Judicial, los trabajadores “no van a salir perjudicados en nada, al contrario, van a salir beneficiados, porque lo que se debe de buscar es bajar el sueldo y sobre todos las canonjías a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo. Eso es lo que se está haciendo, que no los engañen”.

Luego de que ayer trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizaron manifestaciones en diferentes ciudades del país en protesta por la eliminación de los 14 fideicomisos del Poder Judicial que López Obrador afirma que sirven para mantener privilegios de ministros, magistrados y jueces, el Mandatario pidió “que no se dejen manipular los trabajadores, a ellos no se les va a afectar en nada absolutamente”.

“No le hace, no importa que quemen una piñata de Amlito; es lo mismo que los insultos, hagan lo que consideren, son libres, a ellos no se les va afectar en nada”, reiteró el Jefe del Ejecutivo.

Al asegurar que en los últimos 40 años no hay nada que haya hecho el Poder Judicial en beneficio del pueblo, pues “todo lo que han hecho ha sido en favor de las minorías, legalizar la corrupción, legitimar el robo”, López Obrador aseguró que con los fideicomisos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “se dan la vida” y “lujos”, como comilonas, pago de asistentes, cirugías plásticas y mantenimiento a sus casas.

El Mandatario criticó las decisiones de diversos jueces que han intervenido en el caso del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, pues han negado órdenes de aprehensión en su contra con el argumento de que no se ha podido demostrar que su riqueza la haya hecho cuando fue funcionario público.

“Que no se puede demostrar que la riqueza de García Luna la haya hecho mientras fue funcionario público. Como dicen los mismos abogados, aceptando sin conceder que no la hizo cuando fue funcionario público y la hizo después, que no hubo tráfico de influencia, que no se valió, para hacer sus negocios, de las relaciones que tenía en el gobierno de Peña Nieto”, dijo.