De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera fueron ligadas un total de 13 empresas de presuntos prestanombres de Francisco Javier García Cabeza de Vaca con el Cártel de Sinaloa.
La organización criminal habría fondeado las compañías que además fungieron como contratistas del gobierno de Tamaulipas. Este expediente revela que las empresas están involucradas en desvíos de recursos del erario tamaulipeco.
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Contralínea tuvo acceso a dicha papelería en la que se lee que las compañías se ligan al grupo de siete empresas "fachada" que la organización criminal ha utilizado para lavar dinero.
Baltazar Higinio Reséndez Cantú, identificado como uno de los presuntos prestanombres del mandatario tamaulipeco, es el propietario de 12 de estas empresas, el 8 de julio del año pasado, fue vinculado a proceso bajo los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de ser detenido siete días antes en Texas.
La otra empresa, es identificada por la UIF como propiedad de Juan Francisco Tamez Arellano y ésta es clave en la compra venta del departamento en Santa Fe, Cuajimalpa, Ciudad de México que derivó en ingresos directos a las cuentas bancarias de García Cabeza de Vaca ligados al Cártel de Sinaloa.
"De las 12 empresas propiedad de Reséndez Cantú sobresalen dos en las indagatorias de la UIF: Inmobiliaria RC de Tamaulipas, SA de CV, y Barca de Reynosa, SA de CV, de las que el presunto prestanombres del gobernador es representante legal, accionista y administrador único. Éstas recibieron tres contratos vía licitación pública de parte de la Secretaría de Obras Públicas de Tamaulipas, por 54.5 millones de pesos: para la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en Reynosa; la construcción, mobiliario y equipo de la Unidad de Docencia para el estado de Tamaulipas; y la pavimentación de la calle Cerro del Cubilete. En las contrataciones, la Auditoría Superior de la Federación encontró irregularidades millonarias.
En el caso de Inmobiliaria RC, la UIF documenta que de 2019 a 2021envió 300 millones de pesos a Baltazar Reséndez, a quien describe como “empresario Tamaulipeco listado por una entidad extranjera [Fincen] por blanqueo de capitales; accionista de al menos 11 razones sociales adicionales con contratos con el gobierno de Tamaulipas; posible prestanombres de Francisco Javier García Cabeza de Vaca”.
De la segunda empresa que sobresale, Barca de Reynosa, se indica que recibió 497.4 millones de pesos de diversas licitaciones con el gobierno de Tamaulipas, Pemex y Conagua.
El esquema financiero conecta, además, con el segundo prestanombres de García Cabeza de Vaca: Tamez Arellano, a quien se identifica también como accionista y representante legal de la empresa fachada T Seis Doce, SA de CV. Al respecto, se apunta que de marzo a abril de 2018, Reséndez Cantú le envió 33 millones de pesos; y que Tamez Arellano le envió 2.4 millones de pesos a T Seis Doce, misma que compró el departamento de García Cabeza de Vaca en Santa Fe, con dinero triangulado de las empresas fachada del Cártel de Sinaloa.
A su vez, la empresa fachada T Seis Doce envió al gobernador de Tamaulipas 36.8 millones de pesos, y posteriormente otros 5.3 millones. Al respecto, la UIF señala: “los recursos se presumen posiblemente obtenidos de la ‘venta del inmueble’”.
Acerca de las irregularidades en los contratos de obra pública, se advierte que en el Centro de Justicia se registró un aumento de costos injustificados y obra no terminada; mientras que en la Unidad de Docencia, la ASF detectó probable daño y/o perjuicio al fideicomiso irrevocable de Administración y Distribución de recursos a través del cual se otorga el subsidio, en razón de que la obra no fue realizada", se lee en el reportaje publicado por Contralínea.
“El vínculo con el Cártel deriva de la participación corporativa que tienen con Juan ‘N’, Ladislao ‘N’ o Manuel ‘N’, identidades falsas de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias la Trilladora o el Trillo, operador financiero del Cártel de Sinaloa, detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
“Las sociedades mercantiles fachada que fondearon a la empresa Avalúos y Peritajes del Sur fueron denunciadas por la UIF en 2018 e incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas en 2019. Derivado de la denuncia presentada por la UIF, la Fiscalía inició una carpeta de investigación que actualmente se encuentra en trámite”, se puede leer en el reporte financiero .