La Suprema Corte de Justicia avaló el Acuerdo dictado en mayo del 2020 por el presidente Andrés Manuel López Obrador para utilizar a las Fuerzas Armadas (FA) en tareas de seguridad pública hasta marzo del 2024.
De acuerdo con lo aprobado en la Suprema Corte, será la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la dependencia de Estado responsable de combatir a los principales generadores de violencia en México, tales como el narcotráfico, extorsión, secuestros y homicidios dolosos por cuatro años más.
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El Ejecutivo expidió el Acuerdo en uso de una facultad que le confirió el quinto transitorio de la reforma constitucional de marzo del 2019, que creó a la Guardia Nacional (GN), para usar a los militares en funciones policiacas, pero sólo mientras se consolidaba dicho cuerpo policiaco, en teoría civil, que a estas alturas se ha convertido en un apéndice del Ejército.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, recordó que esta fue la primera vez que la Constitución previó la participación militar, pues desde la década de los 90 su despliegue en seguridad pública se hizo por la vía de los hechos, sin fundamento jurídico sólido.
Luego de la reforma reciente al quinto transitorio, que extendió hasta el 2028 el “permiso” para usar a soldados y marinos en seguridad pública, es previsible que en el 2024 el Ejecutivo tendrá que renovar su Acuerdo, de ahí la importancia de la discusión en la Corte.
La mayoría de los ministros sostuvo que la Constitución no requirió alguna ley para instrumentar la participación de las Fuerzas Armadas, sino que facultó directamente al Ejecutivo, por lo que no se invadieron atribuciones del Congreso.
“La ciudadanía demanda paz, tranquilidad, seguridad, justicia ante los niveles intolerables de criminalidad”, dijo Yasmin Esquivel al apoyar el proyecto.