En recientes días se ha dado a conocer una red de trafico de contenido sexual en donde estudiantes de las universidades: Marista, Anáhuac Mayab y Autónoma de Yucatán, intercambiaban contenido explícito de sus compañeras de estudios.

La información fue revelada por algunas estudiantes que descubrieron esta situación de violencia hacia la mujer y acudieron ante las universidades a hacer la denuncia.

En estos chats de Telegram se sabe que participan alrededor de mil 200 alumnos de las diferentes universidades de Mérida, al conocer de la existencia de estos chats, las distintas dependencias de estudios han condenado estas acciones, uniendo fuerzas para participar en las investigaciones que darían a conocer los responsables e involucrados.

Además las universidades extendieron su apoyo a las alumnas y victimas de los delitos sexuales, ofreciendo su protección en caso de que fuesen victimas de actos de violencia digital o física después de realizar la denuncia.

Otro de los compromisos que las casas de estudio ofrecieron, fue la expulsión definitiva y abogar por que se aplique todo el peso de la ley, a aquellos alumnos que se compruebe su participación y responsabilidad en estos chats.

Se ha abierto una carpeta de investigación

Ante la denuncia las autoridades estatales en conjunto con la Fiscalía General del Estado, han abierto una carpeta de investigación en donde a través de la policía cibernética comenzaran a realizar las averiguaciones.

El gobierno de Mérida, puso también a disposición de las victimas el servicio de acompañamiento y apoyo psicológico, por parte de la Defensoría de Derechos Universitarios, organismo responsable de asesorar y dar seguimiento a las victimas de acosos cibernético.

Las victimas continúan pidiendo justicia.

Aunque las universidades han expresado su apoyo y solidaridad con las victimas, las afectadas continuan alzando la voz, pues expresaron que a pesar de que se ha expresado en palabra el apoyo, todavía no se ha actuado al respecto.

Muchas de las mujeres afectadas han comenzado a ser blanco de acoso cibernético y se les ha amenazado de manera anónima, en búsqueda de callar su voz.

Las afectadas piden a la comunidad de internet que se les brinde apoyo para poder ejercer presión social y que de esta manera las autoridades hagan justicia procediendo a través de la ley Olimpia.