Una denuncia anónima puso en la mira a un grupo de políticos, empresarios y funcionarios que presuntamente estarían ligados al contrabando de combustibles y evasión fiscal de hasta 15 mil millones de pesos.
El presunto modus operandi se dio a conocer en una denuncia enviada el pasado 10 de febrero al diputado federal Ricardo Exsome Zapata, quien forma parte de la Comisión de Eenrgía de la Cámara de Diputados.
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Esta red afectaría la venta nacional de combustibles de Petróleos Mexicanos con pérdidas de alrededor de 40 mil millones de pesos mensuales.
En el documento que fue entregado a Exsome, se describe con datos precisos la rita de distribución de los combustibles en Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Sonora, donde, de acuerdo a la denuncia, dos de cada tres pipas vendidas serían del contrabando.
Tras recibir la información, el diputado morenista presentó una denuncia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a Pemex atender el problema.
La revista PROCESO publicó este sábado en su portal un adelanto sobre una investigación periodística realizada a las principales empresas involucradas en la denuncia:
"Este semanario investigó a las principales empresas presuntamente involucradas en la venta de combustible robado y encontró que algunas, en lugar de importarlo como tal, lo hacen pasar por hidrocarburos accesorios a fin de evadir impuestos.
En Jalisco, empresarios gasolineros de Guadalajara que cuentan con franquicias de Pemex confirmaron que les ofrecen parte del combustible que ingresa ilegalmente por Matamoros, Tamaulipas. Los reclamos por la venta ilegal se han ventilado públicamente desde hace tres años, pero a la fecha no se ha castigado a nadie."
El reportaje se puede encontrar de manera íntegra en la edición 2319 del semanario Proceso.