Ambientalistas de Webb y Zapata obtuvieron un triunfo legal para terminar la batalla de tres años contra la construcción de un muro fronterizo.
El Departamento de Seguridad Nacional reconoció que el gobierno federal no puede pasar por encima de leyes para conseguir sus proyectos.
“La medida histórica es para rescindir la exención de leyes en los condados de Zapata y Webb, lo que marca el final de la batalla legal de tres años contra el gobierno federal y una gran victoria para las comunidades del sur de Texas como Zapata, San Ygnacio, Rio Bravo, El Cenizo y Laredo”, dijo Tricia Cortez, directora ejecutiva del Centro Internacional de Estudios del Rio Grande.
Carlos E. Flores, abogado principal en la demanda que se presentó el 6 de julio del 2020 contra el gobierno federal, elogió los esfuerzos incansables de los funcionarios de Zapata y los activistas comunitarios para evitar la construcción del muro fronterizo a lo largo de las tierras del río.
“Sin el liderazgo y el apoyo del Condado de Zapata y los miembros de la Coalición No Border Wall Laredo, no estaríamos celebrando este momento crítico en la historia del litigio del muro fronterizo.
“Somos oficialmente la primera comunidad en evitar la construcción del muro fronterizo y obligar al DHS a rescindir sus exenciones de leyes en la frontera entre Estados Unidos y México”, afirmó Flores.
Joe Rathmell, juez del Condado de Zapata, describió el uso atroz de estas exenciones en la frontera por parte del gobierno federal como “extralimitación”. “La Corte Federal afirmó que el gobierno local es la entidad mejor posicionada para tomar decisiones sobre el uso de la tierra.
El sistema federal de poderes divididos de nuestro país, sólo puede funcionar cuando se respetan los derechos del gobierno local”, dijo Rathmell.
La demanda de Zapata, presentada hace tres años en la Corte Federal de distrito, también incluyó a dos particulares y terratenientes ribereños: Melissa R. Cigarroa y George C. Rincón.
La demanda impugnó el uso del dominio eminente y la emisión de exenciones en los condados de Zapata y Webb por parte del expresidente Donald J. Trump y el secretario interino del DHS en ese momento, Chad Wolf.
La Sección 102 de la Ley Real ID de 2005 le otorga al Departamento de Seguridad Nacional amplia discreción para renunciar a las leyes federales que pueden obstaculizar la construcción del muro fronterizo a lo largo de la frontera entre EU y México. Said Alfonso Figueroa, fiscal del Condado de Zapata, brindó una perspectiva histórica sobre el trato discriminatorio del gobierno federal a Zapata y las zonas fronterizas del sur de Texas.
“El Condado de Zapata tiene un largo historial de dificultades con el gobierno de los Estados Unidos, incluida una reubicación forzada en la década de 1950 y, más recientemente, el muro fronterizo del expresidente Trump. Zapata era un objetivo debido a nuestro pequeño tamaño, composición económica y población predominantemente latina y nuestra incapacidad percibida para luchar contra la condena forzada a través del sistema judicial.
“Cuando recibí el aviso por primera vez, era nuestra oportunidad y obligación para con nuestra comunidad y nuestros ancestros evitar que nuestro gobierno volviera a tomar nuestras tierras innecesariamente. Era nuestra responsabilidad ponernos de pie y decir la verdad al poder.
Estoy orgulloso de que la Corte del Comisionado del Condado de Zapata haya apoyado esta lucha”, expresó Figueroa. José “Chito” Vela, abogado de Austin que también se desempeñó en este caso, estuvo de acuerdo.
“Las comunidades a lo largo de ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México han estado luchando contra los muros y la militarización del área durante décadas. Esta es una gran victoria para la región. A las comunidades fronterizas no se les deberían eliminar protecciones ambientales y culturales críticas por un capricho político.
Merecen igual protección”, precisó Vela. Debido a que la demanda de Zapata se presentó durante el covid y las restricciones impuestas a las reuniones públicas, los miembros de la Coalición No Border Wall Laredo acumularon cientos de pares de botas de simpatizantes que no podían reunirse públicamente y las colocaron frente al juzgado federal de Laredo. “Cometieron el error de subestimar a Laredo y Zapata. Aquí es donde mantuvimos la línea, en Zapata y Laredo. Nuestra victoria es una para los libros. La mayoría de las personas en los Estados Unidos no tienen idea de estas exenciones de la ley y cómo sólo se aplican en la frontera, y en ningún otro lugar del país, como si no importáramos o mereciéramos el mismo acceso a la ley.
“No saben que los estadounidenses que viven en la frontera son tratados como ciudadanos de segunda clase, sin el debido proceso para luchar por nuestros derechos contra políticas dañinas y peligrosas como estas por parte del gobierno federal”, apuntó Tricia Cortez, directora ejecutiva de RGISC y cofundadora de la Coalición.
El 7 de mayo del 2020, Estados Unidos de América presentó una demanda contra el Condado de Zapata para obtener una servidumbre temporal llamada Derecho de entrada para inspeccionar tierras de propiedad y mantenidas por el condado adyacentes al río Grande para la posible construcción de un muro fronterizo. Una semana después, el 15 de mayo del 2020, el supuesto secretario interino del DHS, Chad Wolf, publicó un Aviso de Determinación en el Registro Federal.
Este Aviso renunció a aproximadamente 27 leyes federales en los condados de Zapata y Webb, que incluyeron la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), la Ley de Agua Potable Segura, la Ley de Especies en Peligro de Extinción y la Ley de Protección y Repatriación de Tumbas de Nativos Americanos, entre otras.
El Condado de Zapata respondió rápidamente presentando una demanda el 6 de julio del 2020. A principios de este año, el 31 de marzo del 2023, la jueza Diana Saldaña, del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Sur de Texas, División de Laredo, determinó que Wolf no fue debidamente designado como secretario interino del DHS cuando emitió las Exenciones Laredo-Zapata. “… Wolf nunca fue el Secretario Interino legítimo del DHS y no tenía el poder de emitir la Exención de Laredo”, se establece en la Orden del juez Saldaa.
Christopher Rincon, comandante, espera que esta victoria inspire a otros y finalmente conduzca a la terminación de la cláusula en la Ley Real ID deñ 2005 que priva a las comunidades fronterizas de las exenciones de la ley. En el 2021, los condados de Webb y Zapata se convirtieron en el primer sector de la frontera sur en el que se rescindieron los contratos del muro fronterizo.