La nueva ley de impuestos aprobada por los votantes y que ya se aplica, beneficiará doblemente porque permitirá pagar menos contribuciones prediales a propietarios de viviendas, pero también a dueños de negocios.
Los votantes sufragaron de manera abrumadora a favor de una enmienda constitucional que cambia la forma en que se financian las escuelas públicas, permitiendo a los contribuyentes ahorrarse dinero en el pago de impuestos.
La Proposición 4, un paquete de recortes de impuestos a la propiedad de 18 mil millones de dólares, fue aprobada por más del 80 por ciento de los votantes en la elección de enmienda constitucional del 7 de noviembre.
La propuesta apunta directamente a reducir los impuestos a la propiedad de los distritos escolares, que constituyen la mayor parte de la factura de impuestos a la propiedad de los dueños de tierras de Texas.
Según explicó el diputado estatal Richard Peña Raymond, los distritos escolares obtendrán 7.1 mil millones de dólares para reducir sus tasas impositivas reemplazando los ingresos locales que habrían recaudado con dólares estatales, lo que los legisladores llaman “compresión”.
Eso reducirá las tasas impositivas que los distritos escolares utilizan para pagar los costos operativos, como los salarios de los maestros, en 10.7 centavos por cada 100 dólares del valor de la propiedad, dinero que se podrán ahorrar los dueños de propiedades comerciales.
En el distrito escolar de UISD, la tarifa predial es de 1.022 dólares por cada 100 dólares de valor y en el distrito escolar de LISD es de un dólar con 38 centavos para ser la más cara.
La nueva ley subió la exención en el pago de impuestos de 40 mil a 100 mil dólares para todas las entidades que cobran impuestos, ya sea el gobierno de Laredo, el condado, los distritos escolares y el colegio.
En conjunto, esas exenciones, que se aplicarán a la factura tributaria del 2023 de los propietarios, representarán más de 2 mil 500 dólares en ahorros fiscales durante los próximos dos años para el propietario típico de Texas.
Los dueños de propiedades comerciales, minerales y residenciales, como casas de alquiler y edificios de apartamentos, que no reciben una exención de vivienda y están valoradas en menos de 5 millones de dólares ahora tendrán un límite del 20 por ciento en el crecimiento de su valor cada año durante los próximos tres años. Anteriormente, las empresas no tenían ese límite, a diferencia de los propietarios de viviendas, cuyos valores imponibles no pueden aumentar más del 10 por ciento cada año según la ley estatal.
El límite sobre el valor de ciertas propiedades comerciales expirará en el 2026, a menos que los legisladores y votantes decidan mantenerlo.
La Propuesta 4 también amplía el grupo de empresas que no tienen que pagar el impuesto de franquicia estatal. Y la enmienda permite a los votantes de condados con al menos 75,000 residentes elegir a tres nuevos miembros de la junta directiva de sus distritos de tasación locales, que han sido designados para puestos.