El senador Juan Carlos Loera de la Rosa presentó el martes una iniciativa que busca tipificar el robo de agua como delito federal, con sanciones de hasta 15 años de prisión, multas millonarias y la revocación automática de concesiones para quienes lucren ilegalmente con este recurso.
La propuesta, inscrita en la Cámara Alta, plantea reformas a cuatro leyes federales y establece medidas como la extinción de dominio de tierras, pozos y equipos utilizados en el delito, además de la instalación obligatoria de medidores inteligentes en todos los puntos de extracción autorizada.
“El agua es de todos; no una mercancía de unos cuantos”, sostuvo Loera, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, al advertir que el robo de agua se ha convertido en un problema grave, sobre todo en estados fronterizos.
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Auditoría Superior de la Federación, entre 2019 y 2023 se detectaron más de 131,000 tomas clandestinas que representan pérdidas anuales superiores a 600 millones de metros cúbicos de agua.
El legislador chihuahuense destacó que la iniciativa se inscribe en el Plan Nacional Hídrico impulsado por la presidenta de México Claudia Sheinbaum y busca atender los riesgos que representan la sobreexplotación de acuíferos, la sequía y la debilidad institucional para garantizar el acceso al agua.
“No podemos permitir que se robe impunemente un recurso que es propiedad de la nación y un derecho humano para todas y todos los mexicanos”, señaló Loera.
La iniciativa también propone la creación de un padrón público de tomas clandestinas con información georreferenciada y que los recursos recuperados se destinen a la rehabilitación de cuencas y obras hidráulicas.