El arresto de un oficial de policía por ICE en Old Orchard Beach ha generado una intensa discusión nacional acerca de los procesos de contratación en instituciones de seguridad pública.
La aprehensión de Jon Luke Evans, integrante temporal del cuerpo de reserva, reveló grietas en los mecanismos federales que certifican la legalidad del empleo en Estados Unidos, pese a que su incorporación se dio tras cumplir con todos los protocolos exigidos por el gobierno.
ICE arrestó a un oficial de policía
De acuerdo con la jefa de policía Elise Chard, Evans presentó documentos oficiales, incluido el formulario I-9 y el trámite en el sistema E-Verify del Departamento de Seguridad Nacional, que confirmaron su autorización para desempeñar labores en el país.
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Incluso, su permiso de empleo tenía validez hasta 2030. Sin embargo, las notificaciones de Inmigración y Control de Aduanas indicaron que se encontraba bajo sospecha de permanecer con un visado vencido.
El caso adquirió mayor relevancia después de que agentes federales señalaran que Evans intentó adquirir un arma de fuego sin autorización legal, lo que activó la alerta de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
Según ICE, el propio detenido reconoció su intención de efectuar la compra con el argumento de necesitarla para sus tareas como policía.
Oficiales de reserva
La situación abre un dilema complejo para estados como Maine, donde la legislación permite que ciertos no ciudadanos trabajen en funciones de seguridad siempre que cuenten con aval oficial.
Chard recalcó que los oficiales de reserva cumplen los mismos exámenes médicos, físicos y de antecedentes que los de tiempo completo, aunque su labor suele concentrarse en rondas de proximidad comunitaria y vigilancia en áreas recreativas.