La Corte Suprema de Estados Unidos aprobó una solicitud de emergencia por parte del Gobierno de Donald Trump para reanudar las deportaciones de migrantes a países distintos a su lugar de origen sin que se les otorgue un aviso formal ni la oportunidad de apelar.
La decisión representa un triunfo a la política migratoria que ha encabezado Trump desde el inicio de su mandato y que busca bloquear temporalmente una orden del juez federal Brian Murphy, la cual pretendía que Departamento de Seguridad Nacional (DHS) avisar a los migrantes sobre su destino antes de ser deportados.
La decisión de la Corte Suprema no tuvo explicación sobre su decisión, en la cual tres juezas liberales calificaron el fallo como una “recompensa a la ilegalidad”, acusando al gobierno de Trump de desobedecer fallos previos.
Con esta decisión, el gobierno de Estados Unidos podrá enviar a los migrantes sin papeles, incluidos los mexicanos, a países como El Salvador o Sudán, esta última sufre problemas políticos que podrían poner en riesgo la integridad de las personas.
Antecedentes
En el mes de mayo el Primer Tribunal de Apelaciones en Boston rechazó el pedido del gobierno de suspender el fallo del juez Murphy que exigía otorgar a los migrantes al menos 10 días para presentar una solicitud de temor a la tortura y 15 días adicionales para apelar en caso de rechazo.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos explicó que esta orden interfería con decisiones de política exterior y seguridad nacional, pues muchos migrantes enviados a terceros países tenían antecedentes penales graves y era urgente sacarlos del país
Asociaciones de Derechos Humanos en pro de los migrantes desmintieron esa afirmación señalando que los detenidos no tienen condenas penales y el proceso de extradición violaba garantías constitucionales mínimas.