Como parte de su estrategia para reforzar el sistema migratorio, Estados Unidos ha implementado diversos cambios en sus políticas con el objetivo de acelerar la salida de personas sin estatus migratorio regular, una de las principales promesas del presidente Donald Trump para frenar la migración irregular.
Entre las medidas más polémicas se encuentra la llamada “autodeportación”, un mecanismo mediante el cual los extranjeros indocumentados pueden manifestar, a través de una aplicación móvil, su intención de salir voluntariamente del país y regresar a su nación de origen.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, quienes opten por esta vía pueden hacerlo sin afectar futuras solicitudes de ingreso como turistas y, además, recibirían 1,000 dólares para cubrir gastos de traslado y viáticos.
El caso de una migrante colombiana
Uno de los testimonios que ha generado debate es el de Yarlidis Goez, una madre colombiana que residía en Estados Unidos sin un estatus migratorio regular y que decidió acogerse al programa junto con sus cuatro hijos.
Según su relato, Goez siguió todos los pasos indicados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) a través de la aplicación CBP Home, entregándose voluntariamente para formalizar su salida del país, su regreso a Colombia se concretó el pasado 2 de diciembre.
Sin embargo, la mujer asegura que nunca recibió el apoyo económico prometido y que, lejos de obtener garantías migratorias, su salida voluntaria se convirtió en un castigo, pues según le indicaron, no podría ingresar nuevamente a Estados Unidos durante 10 años.
“Pensé que tenían un poquito más de palabra”, declaró a al señalar que el dinero le habría permitido atender necesidades básicas de sus hijos y continuar con tratamientos médicos. Añadió que, tras su llegada a Latinoamérica, no ha recibido respuesta a mensajes ni llamadas dirigidas a las autoridades estadounidenses.