El pasaporte estadounidense no es únicamente un documento para viajar; funciona también como una acreditación de ciudadanía, y, bajo ese principio, quienes lo poseen deben cumplir con obligaciones que, de no respetarse, pueden derivar en sanciones.
Existen situaciones específicas en las que el Departamento de Estado puede revocar o negar la emisión de un pasaporte, siempre bajo las regulaciones oficiales.
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Entre las responsabilidades más comunes se encuentra mantener la información actualizada, si una persona cambia de nombre, género o detecta errores en su documento, debe solicitar la corrección correspondiente, también es obligatorio reportar de inmediato la pérdida o el robo del pasaporte, con el fin de evitar un uso fraudulento.
Otro punto clave es renovar el documento antes de la fecha de vencimiento, ya que no es posible viajar con un pasaporte expirado, además, la ley prohíbe salir o ingresar al país sin un pasaporte válido, salvo excepciones como personal militar en servicio activo.
El mal uso del pasaporte (obtenerlo o utilizarlo de forma fraudulenta) es motivo de revocación inmediata, del mismo modo, las personas con restricciones judiciales que les impiden salir del país no pueden intentar viajar utilizando este documento.
Las obligaciones fiscales también influyen, si el IRS certifica que existe una deuda fiscal “seriamente morosa”, el Departamento de Estado puede revocar o negar el pasaporte. Lo mismo ocurre cuando no se paga un préstamo de repatriación otorgado por el gobierno para regresar a Estados Unidos.
El incumplimiento de manutención infantil es otro motivo frecuente, cuando la deuda rebasa el límite permitido, el pasaporte puede ser restringido o negado, tal como establece el Código de Regulaciones Federales.
Finalmente, las leyes contemplan casos más severos: personas con órdenes de arresto federales, solicitudes de extradición o condenas por delitos graves también pueden perder su pasaporte.
