El estado de Florida realizará su primera ejecución del año el próximo 13 de febrero, tras la orden firmada por el gobernador Ron DeSantis.
La sentencia recae sobre James Ford, quien fue declarado culpable del asesinato de Greg y Kimberly Malnory en 1997, un crimen que conmocionó al condado de Charlotte.
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Detalles del crimen Según los registros judiciales, la pareja fue brutalmente atacada durante un viaje de pesca. Ambos sufrieron golpes y disparos fatales, y Kimberly también fue víctima de agresión sexual.
Su hijo de 22 meses fue encontrado abandonado cerca del lugar, expuesto durante horas y cubierto con la sangre de su madre.
Los crímenes que llevaron a Ford al corredor de la muerte
El asesinato de Greg y Kimberly Malnory en abril de 1997 fue uno de los casos más impactantes en el condado de Charlotte, Florida. Ford, compañero de trabajo de Greg en South Florida Sod Farm, organizó un viaje de pesca con la pareja el 6 de abril.
Lo que parecía una actividad recreativa se convirtió en una tragedia cuando, al día siguiente, un empleado de la granja descubrió los cuerpos en una escena de horror.
Greg fue hallado con heridas extremas, un disparo en la cabeza, múltiples golpes con un objeto contundente y un corte profundo en el cuello. Kimberly sufrió un ataque devastador que incluyó agresión sexual, heridas graves en la cabeza y signos de resistencia en sus brazos.
Las pruebas de ADN confirmaron la responsabilidad de Ford en estos actos atroces.
En la camioneta de la pareja, las autoridades encontraron a Maranda, la hija de 22 meses de los Malnory, abandonada y expuesta durante más de 18 horas.
El caso, lleno de detalles escalofriantes, llevó a que Ford fuera sentenciado en 1999 a la pena de muerte y a condenas adicionales por abuso y agresión sexual, dejando un fuerte impacto en la comunidad y en el sistema judicial.
Pena de muerte en Estados Unidos
La ejecución de Ford será la primera en Florida en 2025, destacando cómo este estado sigue siendo un referente en la aplicación de la pena capital en Estados Unidos.
Esta práctica, respaldada por algunos y cuestionada por otros, refleja no solo la postura del gobierno estatal, sino también los intereses políticos y las tensiones sociales que la rodean.