En un desafío directo a las políticas fronterizas del presidente Biden, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó este lunes una nueva ley que permite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el estado arrestar a migrantes que ingresan desde México sin autorización legal.
La medida, que entrará en vigor en marzo, ha encendido las alarmas y establece un inminente enfrentamiento judicial entre Texas y el gobierno federal sobre los poderes de inmigración.
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Arrestos masivos de inmigrantes
La legislación, aprobada en una sesión especial de la Legislatura estatal controlada por los republicanos el mes pasado, ha generado fuertes objeciones de demócratas, grupos de derechos de los inmigrantes y organizaciones hispanas. Estos argumentan que la medida viola la Constitución de los Estados Unidos y podría fomentar la discriminación racial.
La nueva ley autoriza a las autoridades texanas a realizar arrestos masivos de inmigrantes que crucen la frontera sin la debida autorización legal. Sin embargo, algunos alguaciles fronterizos expresan preocupación por la posible saturación de cárceles y tribunales locales, considerando el volumen diario de cruces en la frontera.
El aumento de inmigrantes en la región ha sido un tema político sensible para el presidente Biden, quien ha enfrentado críticas tanto de republicanos como de algunos demócratas debido al récord de llegadas a la frontera sur durante su mandato.
Al firmar la ley en Brownsville, Abbott, republicano en su tercer mandato, expresó su frustración por la inacción federal y afirmó que la administración Biden ha dejado a Texas a su suerte.
Intensos litigios
La entrada en vigor de la ley está programada para marzo y se espera que sea objeto de intensos litigios en los meses siguientes, coincidiendo con el periodo de campañas presidenciales y del Congreso.
Expertos legales señalan que esta legislación podría ofrecer la oportunidad para que la Corte Suprema de Estados Unidos revise el caso de 2012, "Arizona contra Estados Unidos", que se resolvió a favor del poder del gobierno federal para establecer políticas de inmigración. El resultado de este enfrentamiento legal podría tener amplias implicaciones en la jurisprudencia sobre el tema.