En América Latina existen todavía cuatro países en donde se prohibe de manera determinante el aborto, sin importar las circunstancias que estén detrás del embarazo, estas naciones son Nicaragua, Honduras, República Dominicana y El Salvador, lugar en donde se desarrollaron los siguientes hechos. 

Por primera ocasión uno de los juzgados del Salvador, impulsó la pena máxima ante un aborto, pues se condenó a 50 años de cárcel a una joven mujer que, al no tener conocimiento de lo que pasaba, mientras pasaba por una emergencia obstétrica se practicó un aborto en el interior de su domicilio, ante las pruebas, el juez le condenó por el delito de homicidio agravado, siendo la primera vez que esta pena se aplica desde que se penalizó el aborto de manera absoluta en El Salvador.

Penalización de toda forma del aborto

En el salvador, la legislación penalizó el aborto de cualquier manera, incluso en los casos en que médicamente sea necesario, además castiga tanto a las mujeres como a los doctores que practiquen la interrupción del embarazo, estableciendo penas de dos a ocho años. 

Sin embargo, en algunos casos el "delito" ya no es considerado como un aborto y bajo ciertas condiciones puede llegar a ser juzgado como un homicidio agravado, por lo que las mujeres pueden llegar a ser condenadas de 30 a 50 años de prisión como es en este caso.

Las pruebas contra la joven

Según informó el Ministerio Público, se condenó a la joven de 19 años identificada como  Lesly Lisbeth Ramírez  a dicha condena debido a que según el dictamen forense que analizó se establecía lo siguiente "La bebé falleció por degüello por herida tipo contuso-cortante producido con arma blanca”.

Lesly quién vivía en una zona rural, del oriente del país llevó su embarazo en secreto, ocultándolo tanto de sus familiares como de su entorno, en su desconocimiento del desarrollo del producto pasaron entre 37 y 40 semanas cuándo la joven dió a luz en el baño de su domicilio. 

Ante la llegada del bebé sus familiares se percataron de lo ocurrido y llamaron al hospital para que la joven y su bebé fueran atendidas, sin embargo el bebé ya había fallecido, razón por lo que la joven fue detenida y acusada por aborto. 

Ramírez vive con sus siete hermanos en una situación de pobreza extrema que no tiene en acceso a agua potable ni electricidad y subsiste con el trabajo agrícola. Solo cursó hasta el séptimo grado y asumió las tareas del hogar y el cuidado de sus cuatro hermanos menores de edad.

Buscan que la pena le sea removida

Ante los hechos la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto ha emitido un rechazo ante la decisión de los jueces, emitiendo una apelación. Cabe mencionar que desde diciembre del 2021 el gobierno de El Salvador ha condenado a nueve mujeres que perdieron a sus bebes por emergencias obstétricas, siendo Lesly una de ellas. 

“El Estado salvadoreño una vez más continúa ensañándose con mujeres que no han tenido derecho ni condiciones para defenderse”, dijo en un comunicado de prensa Morena Herrera, quien dirige el colectivo que defiende los derechos de las mujeres en El Salvador.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado salvadoreño derogar la ley que prohíbe la interrupción del embarazo, pero no se ha tenido resultado.