Recibir la pensión de un adulto mayor fallecido no solo es una falta administrativa: puede derivar en consecuencias legales graves; así lo advirtió el delegado federal de Programas para el Bienestar en Tamaulipas, Luis Lauro Reyes Rodríguez, quien llamó a las familias a detener cualquier intento de seguir cobrando el apoyo después de la muerte de un beneficiario.
El funcionario reconoció que “pudiera darse alguna situación” en la que familiares continúan recibiendo el recurso pese al fallecimiento del titular, y reiteró que se trata de un mal uso de recursos públicos. Por ello, insistió en que las familias deben acudir de inmediato a dar de baja a la persona para evitar repercusiones.
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Formalizar la baja
Reyes Rodríguez recordó que, aunque el padrón del programa 65 y Más se actualiza automáticamente a nivel nacional cuando se registran defunciones, es indispensable presentar el acta de defunción para formalizar la baja y prevenir inconsistencias.
Actualmente, cuando se detecta que alguien continúa cobrando la pensión de un beneficiario fallecido, la baja del apoyo se aplica de inmediato, sin embargo, el delegado advirtió que estas acciones podrían ser consideradas daño al erario, lo que abre la puerta a sanciones más severas si se presenta una denuncia penal.
Aunque la dependencia no tiene facultades para interponer denuncias penales, no se descarta que en el futuro este tipo de prácticas puedan ser castigadas incluso con cárcel, al tratarse de recursos públicos federales.