Un nuevo escándalo involucra a la exadministración panista de Tamaulipas. Funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentaron ayer una denuncia por peculado y desvío de fondos contra el exgobernador Francisco “N”, el exrector Guillermo “N” y otros exfuncionarios estatales, por un monto que asciende a 180 millones de pesos, además de más de 500 millones de pesos pendientes de aclarar.
La acusación se basa en los hallazgos de una auditoría realizada durante el proceso de entrega-recepción de la administración de la Universidad.
José Carlos Mora García, abogado general de la UAT, reveló a los medios de comunicación que, durante el año fiscal 2022, se identificaron irregularidades significativas en el manejo de los recursos que debían ser entregados a la UAT por parte del Gobierno de Tamaulipas.
De acuerdo con lo estipulado en un convenio con el estado y la Secretaría de Educación Pública, la Universidad debía recibir aportaciones por más de 4 mil millones de pesos, de los que el estado aportaría una suma significativa.
Sin embargo, se descubrió que el gobierno estatal sólo realizó aportaciones por un total de 1,190 millones de pesos, dejando una discrepancia de más de 500 millones de pesos sin depositar. Un aspecto de la denuncia incluye la enajenación de un inmueble en Reynosa, solicitado por el entonces rector Guillermo “N”, para un nuevo campus universitario.
Este inmueble fue valorado oficialmente en más de 187 millones de pesos, mientras que un avalúo independiente lo valoró en apenas 13 millones, indicando un sobreprecio considerable en la transacción que afectó negativamente a la institución. La denuncia detalla cómo Francisco “N”, Gerardo “N”, y Jesús “N”, presuntamente, ocultaron el destino final de los recursos, intentando justificar los gastos durante la pandemia sin evidencia de que estos fondos se redirigieran efectivamente hacia la salud pública.
“La denuncia señala que Francisco ‘N’, Gerardo ‘N’ y Jesús ‘N’, dolosamente omitieron aportar más de 500 millones de pesos a la Universidad, ocultando el uso y destino final del recurso”, informó la casa de estudios.
El abogado Mora García acusó a los implicados de mentir al Congreso de Tamaulipas para ocultar el desvío de fondos, señalando delitos como el ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos, peculado, y uso ilícito de atribuciones y facultades.