No hay espera más larga ni más agonizante, que la de quien espera justicia. Esta tortura la han pasado las familias de las 19 víctimas de la Masacre de #Camarago durante 964 días, al que habrá que sumar un día más, pues el juez Patricio Lugo Jaramillo, juez Unitario de Enjuiciamiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas de la Primera Región Judicial, pospuso la audiencia en la que se dictaría sentencia a los 12 policías estatales de Tamaulipas procesados por este hecho, ya que uno de ellos no tenía conexión de internet para conectarse a la audiencia, esto en el Cereso Regional de Altamira, donde se encuentra recluido.
En múltiples ocasiones las audiencias se han suspendido porque no llegan los imputados, pero esto es algo que debe garantizar el juez y los directores de los centros penitenciarios donde se encuentran.
Te podría interesar
No es entendible que un imputado no se pueda presentar porque no tiene internet o porque no lo llevaron a la audiencia.
A las familias les ha implicado mucho llegar a este día, tienen que recorrer largos caminos y emocionalmente sufren un impacto al estar citados para escuchar una sentencia que no ocurrió.
Llamamos a que para garantizar que no suceda lo de hoy, se lleve al procesado a una audiencia presencial, con el fin de garantizar que la impartición de justicia no sufra más retrasos ni obstáculos. “El juez debe tocar su corazón, tocar su conciencia en este caso y dar la máxima sentencia a los detenidos”, dijo don Gerardo Zacarías, padre de Paola Damarís, una víctima más de la masacre.
Y agregó que si bien la investigación apunta a 12 responsables materiales, ésta debe ir más a fondo y llegar al sistema de autoridades que permitió que una tragedia así tuviera lugar.
Desde la mañana, en Comitancillo, Guatemala, estaban reunidas las 12 familias de las víctimas que la Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes Guatemala para estar presentes en la audiencia donde se dictaría la resolución del caso Camargo.
Para algunas de ellas representó traslados de hasta cuatro horas de ida y otras cuatro de regreso (con caminatas de entre una y dos horas), dejar de trabajar (lo que les representa pérdidas económicas, lo que merma aún más su situación familiar).
“Lo hacemos porque amamos a nuestros hijos y mañana regresaremos, para mañana poder escuchar de los labios del juez que diga culpables”, dijo don Ricardo García Pérez, padre de Santa Cristina, una de las víctimas de la masacre, quien al momento de su muerte tenía 20 años.
“Cuando el juez dice que se suspende la audiencia, me sentí mal… (El juez) no sabe el dolor que nosotros sentimos, que nosotros llevamos… Nosotros caminamos dos horas, buscamos el bus para llegar al municipio. Yo suplicaría al señor juez que mañana podamos escuchar a la justicia desde sus labios para los 19 migrantes que fueron masacrados en Camargo, Tamaulipas, en 2021”, señaló don Ricardo García (video completo aquí).
Las y los huérfanos de la Masacre de Camargo
Una de las principales preocupaciones de las familias de las víctimas es la situación de desprotección y vulnerabilidad en la que quedan las y los huérfanos de la Masacre de Camargo, algunos de ellos perdieron a sus madres o padres aún siendo bebés y han crecido bajo el cuidado de sus abuelos y abuelas, quienes ya vivían en situación de pobreza y vulnerabilidad.
“Mi hijo Élfego viajó para darle una mejor vida a sus hijos.
Él ganaba 50-60 quetzales al día (entre 108 y 130 pesos mexicanos diarios)”, dijo doña Adelina Díaz, madre de Élfego Miranda, padre de cuatro niños que hoy tienen entre 2 y 8 años de edad. Desde aquí hacemos un llamado al Poder Judicial de Tamaulipas y al gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, para que garantice que los imputados sean presentados.
La sentencia en el caso de Camargo debe ser un mensaje claro, sin titubeos y contundente, que mande una señal inequívoca de que México no permitirá este tipo de crímenes atroces en contra de la población migrante.