La desaparición y el hallazgo del cuerpo de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa reabrió el debate sobre las miles de personas desaparecidas, y los miles de cuerpos sin identificar. Debanhi no es la única, hay miles, incluyendo en Tamaulipas, de mujeres y hombres desaparecidos, o cuyos cuerpos jamás son recuperados por sus familiares.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte una crisis para identificar cuerpos de personas que fueron enviados a fosas comunes o centros de resguardo, entre ellos Tamaulipas y otros seis estados, que reúnen a más de la mitad de las 52 mil personas desaparecidas sin identificar.
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Un informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de la ONU revela que hay miles de personas en Tamaulipas sin identificar, por servicios insuficientes y falta de una política pública eficaz.
“El Comité expresa su profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país. Según los datos públicos, más de 52 mil personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense. Esta cifra, a pesar de su magnitud, no incluye los cuerpos todavía no localizados, ni los miles de fragmentos de restos humanos que las familias y comisiones de búsqueda recogen semanalmente en las fosas clandestinas”, detallaron.
TAMAULIPAS, ENTRE LOS ESTADOS CON MÁS CUERPOS SIN IDENTIFICAR
“Los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71.73 % de los cuerpos no identificados. Los servicios forenses son insuficientes”, detallan.
“Varios de los instrumentos previstos en la Ley General todavía no han sido establecidos y no se cuenta con una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas. Según varios expertos entrevistados, en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día”, detallan.
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“Según la información proporcionada por el Estado, al 26 de noviembre de 2021, sólo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2% y el 6%, habían sido judicializados, y sólo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional”, revela reporte de la ONU.
“A ello se suma la actitud, pasiva muchas veces, de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas, cuya atención es responsabilidad de todos los ámbitos del poder público. Lo anterior contribuye a la notable falta de confianza de las víctimas en las instituciones, que a su vez resulta en un alto número de casos no reportados o denunciados”.